Monterrey.- Melisa Peña, diputada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, presentó una propuesta de reforma para clasificar el incumplimiento de pensión alimenticia como una forma de violencia económica, además de endurecer las sanciones contra quienes cometan violencia hacia menores de edad.
La iniciativa busca modificar la fracción V del artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reconociendo la omisión total o parcial del pago de pensiones alimenticias como un acto de violencia económica.
“La persona que parcialmente o totalmente no dé una pensión alimenticia, automáticamente se considera un violentador. Esto con el fin de que se tipifique y visualicemos que cualquier individuo que cometa esta omisión va a cometer violencia económica”, explicó la legisladora.
Datos del Inegi revelan que el 75 por ciento de los hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, y el 67.5 por ciento de las madres solteras en México enfrentan el incumplimiento de esta obligación por parte de sus exparejas.
En paralelo, Peña presentó una reforma al artículo 317 del Código Penal del Estado para proteger a menores de 12 años y beneficiarios de pensión alimenticia contra actos de violencia motivados por eludir esta obligación. La propuesta incluye penas más severas para estos delitos.
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“Esta propuesta busca que cualquier hombre que lesione o dañe a un menor de 12 años por no querer dar una pensión alimenticia automáticamente enfrente un delito calificado, con penas de 25 a 50 años de cárcel”, detalló la diputada.
La iniciativa también busca que delitos como lesiones, homicidio y lesiones calificadas hacia menores sean considerados agravados cuando se cometan con la intención de evadir el pago de pensión alimenticia.
“Todo esto lo hacemos para proteger a nuestras niñas y niños, para que tengan lo necesario para su alimentación, educación y vida diaria, pero también para proteger a nuestras mujeres”, concluyó Peña.
Estas reformas representan un avance significativo para garantizar los derechos de la infancia y sancionar con mayor firmeza a quienes vulneren sus garantías fundamentales.