Monterrey.- Después de varios años de debates legislativos, presiones sociales y obstáculos técnicos, el Congreso de Nuevo León finalmente aprobó la creación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios, una herramienta que ya comenzó a operar y que marca un cambio profundo en la forma en que el estado enfrenta el incumplimiento de los pagos de pensiones alimenticias.
La medida impone sanciones legales y administrativas a quienes acumulen más de 90 días de adeudo en el pago de dicha pensión.
Entre las restricciones más relevantes se encuentran la imposibilidad de contraer matrimonio civil; negativa en la expedición o renovación de licencias de conducir y pasaportes; prohibición de participar en concursos o aspirar a cargos públicos; limitaciones para registrar bienes y realizar operaciones notariales, y trámites ante Control Vehicular.
El registro será administrado por el Poder Judicial de Nuevo León, en coordinación con el DIF estatal, y busca no sólo garantizar el cumplimiento de las obligaciones familiares, sino también visibilizar públicamente a quienes incumplen.
De esta manera, se pretende cerrar años de impunidad y otorgar una nueva herramienta de protección para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
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A partir de la entrada en vigor del decreto, toda persona que desee realizar trámites estatales o federales deberá presentar un certificado de no inscripción en el registro, un documento gratuito que acredita que está al corriente con el pago de pensiones.
Además, los nombres de las personas inscritas en el registro, junto con los montos adeudados y las resoluciones judiciales correspondientes, serán públicos conforme a la Ley de Protección de Datos Personales. Esta información también será compartida con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, lo que amplía su alcance a nivel nacional.
De esta manera, cualquier persona podrá verificar si un posible cónyuge, socio o servidor público se encuentra en el padrón de deudores.
Avances en la implementación
Aunque el registro fue aprobado hace apenas una semana, las autoridades estatales ya trabajan en la interconexión técnica entre el Poder Judicial y el DIF para el intercambio de información y la emisión de certificados digitales.
La presidenta del Poder Judicial de Nuevo León, Laura Perla Córdova, destacó que la medida es el resultado de años de trabajo conjunto y representa un avance en la protección de los derechos de la infancia.
Córdova subrayó que la reforma no es el punto final, sino el inicio de un proceso de fortalecimiento institucional.
Por su parte, la diputada federal Lily Olivares, una de las principales impulsoras de la iniciativa, destacó que el registro responde a una demanda histórica de cientos de familias que enfrentan el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.