Monterrey.- El problema de la asignación discrecional de escoltas no se limita a exfuncionarios de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL).
Actualmente, personal administrativo cuya labor no está relacionada con seguridad también cuenta con protección oficial, lo que evidencia un desbalance preocupante en el uso de recursos públicos.
Fuentes al interior de la fiscalía revelaron que funcionarios administrativos cuentan con hasta 20 escoltas asignados, lo que representa un gasto total mensual de más de 500 mil pesos; recursos que, según fuentes internas, podrían destinarse a reforzar áreas críticas de investigación y atención ciudadana.
Ismael Suárez Treviño, secretario particular del despacho del Fiscal, encabeza la lista con 15 escoltas asignados, cuyo costo mensual alcanza los 390 mil pesos.
Suárez fungió previamente como director jurídico de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), donde, tras la renuncia de Gilberto de Hoyos en enero de 2024, asumió la titularidad como encargado del despacho.
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Posteriormente, en octubre de ese mismo año, tras la disputa política generada por la gubernatura interina encabezada por Luis Enrique Orozco, Suárez Treviño quedó al frente de la Vicefiscalía de Ministerios Públicos de la FGJNL.
Actualmente, su papel es meramente administrativo, pero mantiene una estructura de seguridad similar a la de altos mandos operativos.
En tanto, Rosa Lorena Valdez Miranda, secretaria de Administración y Finanzas de la Fiscalía, cuenta con un escolta personal, lo que implica un costo mensual de 26 mil pesos. Valdez es economista egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y posee un doctorado en Filosofía con orientación en Ciencias Políticas.
Su carrera se ha desarrollado íntegramente en la administración pública, desde el ámbito municipal hasta el estatal.
En total, los agentes asignados a la protección personal de estos funcionarios administrativos generan un gasto de 520 mil pesos mensuales.
Edy Tereso Gaeta Santillán, director de la Fiscalía de la zona Escobedo, tiene asignados al menos cuatro agentes ministeriales como escoltas personales.
Gaeta cuenta con una trayectoria de más de 18 años dentro de la extinta Procuraduría General de Justicia, de la cual renunció, pero en mayo de 2018 se reincorporó al servicio público en el Centro de Operaciones Estratégicas.
Desde entonces ha escalado posiciones hasta ocupar su actual cargo directivo dentro de la estructura de la Fiscalía. Solo su equipo de seguridad representa un gasto estimado de 104 mil pesos mensuales al erario.
ABC Noticias publicó el 29 de septiembre que, entre 250 y 300 agentes ministeriales son utilizados como escoltas de exfuncionarios, generando un gasto de entre 5 y 7.8 millones de pesos mensuales solo en sueldos.
Este personal capacitado podría incorporarse a labores de investigación, donde la Fiscalía enfrenta una creciente carga de trabajo.
Tras lo anterior, Liliana Flores, activista del Grupo de las Seis, señaló que la situación se debe a un estatus político y no a un tema de seguridad, ya que desde niveles municipales se cuenta con escoltas que generan un gasto al erario.
“Tiene dos motivaciones. Una es por razones justificadas de seguridad y otra es por estatus político, no solamente la fiscalía, sino las dependencias; incluso a nivel municipal hemos visto alcaldes o síndicos con escoltas. ¿Cuál es la razón?”
Afirmó que la situación debe ser analizada por las autoridades a fin de que los recursos humanos destinados a la protección de los funcionarios públicos se redirijan a labores de investigación, de lo cual, señaló, la Fiscalía tiene una gran deuda con el pueblo de Nuevo León.
“Tiene que ser revisado, porque hace falta gente en las fiscalías, que se integren (los escoltas) a los procesos de investigación. En la fiscalía hay una gran deuda con el pueblo de Nuevo León; muy pocos casos que son denunciados tienen resultados”, dijo.
También puntualizó que se debe someter a un análisis profundo que determine qué cargos públicos realmente ameritan protección personal durante y después del servicio público.
“Hacer un verdadero análisis de cuáles, jurídicamente, sí se consideran necesarias y las que no, adiós estatus; que se reincorporen los escoltas a las tareas que la fiscalía les designe”, finalizó.