Monterrey.- Ante el riesgo de que la administración de justicia en Nuevo León pierda eficiencia y calidad, el Poder Judicial del Estado busca que se respete el presupuesto originalmente solicitado para 2026, luego de que trascendiera que el Ejecutivo estatal plantea reducirlo hasta en un 25 por ciento, por lo que advirtieron que un recorte de esa magnitud comprometería la operación actual y frenaría proyectos considerados indispensables para modernizar el sistema judicial y ampliar su cobertura.
En octubre, el Poder Judicial entregó al Congreso local su propuesta de presupuesto anual, en la que incluyó una serie de proyectos enfocados en fortalecer la estructura de los tribunales, implementar cambios exigidos por disposiciones federales y acercar los servicios judiciales a zonas donde la población tiene menos acceso.
De acuerdo con un comunicado que emitió el Poder Judicial, entre las iniciativas se encuentran la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la reestructuración de los Centros de Convivencia del Estado, el desarrollo de nuevos módulos judiciales, la instalación de salas de audiencia, la construcción del nuevo Palacio de Justicia en San Pedro, la creación de secretarios y asistentes virtuales, la incorporación de herramientas tecnológicas para facilitar trámites y procesos, así como ventanillas de atención dedicadas a grupos vulnerables, además de otras acciones complementarias.
De acuerdo con integrantes del Poder Judicial, la reducción dejaría al organismo únicamente con recursos para sostener lo básico: nómina y mantenimiento de edificios. Esto, explican, impediría atender dos necesidades críticas. La primera es el déficit histórico de personal juzgador, ya que Nuevo León se mantiene como el tercer estado del país con menos jueces y juezas por habitante. Según cifras del INEGI, para alcanzar la media nacional de 3.9 juzgadores por cada 100 mil habitantes, el estado requeriría sumar al menos 76 nuevas plazas, una meta imposible sin recursos adicionales.
Aun con ese rezago, el Poder Judicial ha logrado mantener —e incluso mejorar— sus indicadores de desempeño. De acuerdo con el Censo de Impartición de Justicia Estatal 2025, Nuevo León pasó del quinto al tercer lugar nacional en juicios concluidos y se posicionó como la cuarta entidad con más sentencias publicadas. Estos resultados, señalan, se deben al alto nivel de profesionalización del personal, pero admiten que operar al límite no es sostenible sin refuerzos estructurales.
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La segunda necesidad urgente es preparar al estado para la puesta en marcha del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya aplicación representa una transformación comparable a la transición hacia el sistema penal acusatorio. El nuevo modelo exige más personal, más salas de audiencia, infraestructura tecnológica, expedientes electrónicos, sistemas de grabación obligatoria, nuevas formas de gestión y ampliación de turnos. Sin el presupuesto requerido, alertan, no será posible abrir nuevos juzgados, lo que sobrecargaría de inmediato los existentes, retrasaría audiencias, frenaría la digitalización y afectaría directamente a niñas, niños, mujeres, personas mayores y víctimas de violencia familiar, sectores que dependen de resoluciones rápidas y oportunas.
La institución recuerda que la implementación del Código Nacional no es opcional, sino una obligación federal con plazos establecidos. No cumplir con estos avances generaría rezagos procesales y dejaría al estado fuera de los estándares nacionales.
El Poder Judicial insiste en que garantizar justicia pronta y de calidad depende de contar con los recursos suficientes, y subraya que el presupuesto no es un privilegio, sino una condición para cumplir con la responsabilidad que la ley les impone.