Monterrey.- Los traileros denuncian desde hace meses en Nuevo León un esquema de extorsión que se ha convertido en práctica cotidiana dentro de los elementos de tránsito municipales.
Detención de unidades sin sustento, amenazas, retención de documentos, uso discrecional de grúas y exigencias de pagos inmediatos forman parte de un mecanismo que, aseguran, opera de manera sistemática en varios municipios del Área Metropolitana y la periferia.
Los cobros van de 20 a 30 mil pesos por “arreglos” en el momento, pero los operadores afirman que cuando un agente decide “tumbarte el tráiler”, la tarifa alcanza hasta los 40 mil pesos.
Las quejas se concentran en municipios como Cadereyta, Juárez, Santa Catarina, Salinas Victoria y El Carmen, donde los agentes detienen a los conductores con argumentos mínimos o inexistentes: placas “sucias”, vidrios polarizados, supuestas emisiones de humo, faltantes menores o la ausencia de refacciones.
Cuando no encuentran una causa válida, los tránsitos improvisan nuevas razones: mallas en los vidrios, cotejos vencidos o certificados inexistentes, pese a que los documentos federales no pueden ser exigidos por autoridades locales.
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Tras la detención viene la retención de papeles y se amenaza con retener las unidades, lo cual crea la presión perfecta para forzar el soborno y evitar que los vehículos sean enviados al corralón, lo que implicaría retrasos y pérdidas millonarias.
Omar Ortiz Garza, delegado estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), advirtió que este esquema tiene años operando sin que los gobiernos municipales implementen acciones de fondo.
Agregó que la práctica afecta particularmente a sectores como la industria automotriz, que opera bajo esquemas de entrega justo a tiempo, donde cualquier retraso puede generar multas.
La Conatram planteó incluso permitir que los oficiales cobren infracciones mediante terminal bancaria y entreguen recibos oficiales, para garantizar que el recurso llegue al Municipio y no al bolsillo del agente. Sin embargo, asegura que los municipios se han negado a aplicar medidas.
En otros hechos, diputados aprueban Ley contra Extorsión; elevan pena hasta 42 años de prisión
El pasado 25 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma que expide la nueva Ley General en materia de Extorsión, buscando unificar el delito a nivel nacional, ya que actualmente se sanciona de forma distinta en cada estado.
La nueva ley establece una pena base de 15 a 25 años de prisión para quien obligue a otro a dar, hacer o tolerar algo para obtener un beneficio. Las penas se incrementan notablemente con agravantes.
La sanción máxima se eleva hasta 42 años si se utilizan armas y medios electrónicos, o si el delito es cometido por un servidor público. La iniciativa, enviada por Sheinbaum, busca combatir la impunidad tras registrarse 10,804 víctimas de extorsión en 2024.