Monterrey.- Para evitar discrecionalidad en el uso de recursos públicos destinados a las organizaciones civiles, la diputada independiente Rocío Montalvo, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Fomento de la Sociedad Civil Organizada del Estado.
La legisladora explicó que la propuesta busca corregir deficiencias en la legislación vigente, aprobada en 2022, donde según denuncias de distintos organismos, ha concentrado el poder de decisión en la Secretaría de Igualdad e Inclusión dando una percepción de una falta de transparencia.
“El gobierno estatal presume apertura hacia la sociedad civil, pero opera con un modelo que deja fuera la participación real de las organizaciones. Hoy, una sola secretaría decide a quién apoyar y bajo qué criterios, sin procesos claros ni convocatorias abiertas. Eso no fomenta la colaboración, fomenta la desconfianza”, expresó Montalvo.
La diputada detalló que su iniciativa contempla seis ejes principales: distribuir las atribuciones entre distintos actores para evitar la concentración de poder, y establecer convocatorias públicas obligatorias.
Además contempla, construir reglas de operación con participación de las propias organizaciones, garantizar la elección abierta de representantes ciudadanos, exigir informes trimestrales sobre el gasto del presupuesto y reconocer al Congreso del Estado como la autoridad competente para designar integrantes del Consejo Técnico.
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“Con esta reforma, ningún peso podrá asignarse sin transparencia. Toda organización deberá tener la posibilidad de participar y conocer los criterios bajo los cuales se otorgan los recursos”, subrayó la legisladora, quien coordina el Grupo Legislativo Únete Pueblo.
Montalvo explicó que la falta de claridad actual ha provocado que cada año una parte del presupuesto destinado a la sociedad civil quede sin ejercerse, sin que existan reportes públicos que expliquen el motivo. Por ello, su propuesta incluye la obligación de publicar trimestralmente el estado del gasto y justificar los recursos no utilizados.
Asimismo, señaló que el Congreso local deberá tener un papel activo en la designación de los ciudadanos que formen parte del Consejo Técnico de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, como una medida para fortalecer la división de poderes y dar voz a la ciudadanía organizada.
“Lo que buscamos es devolver equilibrio y confianza. Las organizaciones civiles son fundamentales para atender causas sociales que el gobierno no siempre puede cubrir, pero necesitan reglas claras, no favoritismos”, afirmó Montalvo.