Monterrey.- En el Congreso de Nuevo León, el reciclaje legislativo dejó de ser una percepción y se convirtió en un patrón comprobable.
Legislatura tras legislatura, los diputados repiten prácticamente las mismas propuestas para atender los mismos problemas de siempre sin que nada cambie en la realidad. Uno de los ejemplos más claros es el de la transparencia en el gasto hospitalario ante denuncias de cobros excesivos, falta de regulación en seguros y opacidad en los precios de los servicios médicos.
A pesar de intentos durante al menos tres legislaturas para obligar a hospitales y servicios de salud a publicar compras, contratos, proveedores y precios, todas las iniciativas quedaron congeladas en comisiones o se reciclaron sin cambios.
Incluso en el último trimestre de 2025, el Congreso reabrió el mismo expediente, pero el problema persiste: no hay ningún portal operativo que informe sobre el el gasto hospitalario en Nuevo León.
La primera iniciativa en 2025 fue presentada el pasado 25 de septiembre por la ciudadana Alena Kharissova, acompañada por el senador Waldo Fernández, luego de documentarse aumentos desproporcionados en facturas hospitalarias y una total falta de claridad en los costos.
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La propuesta exige que los hospitales privados publiquen tarifas actualizadas y faculta a la Secretaría de Salud estatal para auditar su cumplimiento, con sanciones que van desde multas hasta la suspensión o revocación de licencias.
La segunda iniciativa, presentada el 18 de noviembre por el diputado priista Héctor Morales, busca frenar aumentos injustificados en seguros de gastos médicos mayores.
Señala que las aseguradoras funcionan casi como un oligopolio, elevando precios sin justificación técnica, y propone que cualquier incremento sea debidamente fundamentado, promoviendo además mayor competencia.
El problema no es que las iniciativas existan: es que todas estas ya existían. En años recientes hay evidencia suficiente de intentos previos para regular abusos similares, sin que ninguno prosperara.
En marzo de 2023, el entonces diputado Waldo Fernández presentó el expediente 16785, que buscaba regular los precios de insumos y medicamentos dentro de hospitales, pero nunca llegó a resoluciones de fondo.
En tanto, el cobro de “depósito en garantía” en hospitales, incluso en urgencias, ha sido objeto de intentos legislativos fallidos del PAN y Movimiento Ciudadano.
A finales de noviembre de 2025 se propuso nuevamente un registro público del mantenimiento de equipos médicos para evitar cobros por tecnología obsoleta, pero como en años anteriores, la iniciativa aún no se traduce en obligaciones verificables.
El conflicto por la refinería de Cadereyta refleja el desgaste legislativo en Nuevo León: pese a que la Constitución impide regular instalaciones federales, el Congreso y el Ejecutivo insisten en iniciativas que una y otra vez terminan en rechazo judicial, desde 2024 hasta los exhortos de 2025.
En el tema del aborto, aunque la Suprema Corte declaró inconstitucional su criminalización, el Congreso local mantiene las reformas en pausa. Las nuevas propuestas ingresadas en octubre de 2025 fueron enviadas a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, donde permanecen sin avance, como ocurrió en 2021 y 2023.
La iniciativa de transporte escolar obligatorio vive un ciclo similar. Retomada en 2025 dentro de la discusión de movilidad, sigue sin un modelo financiero viable y enfrenta el rechazo de padres de familia y colegios, por lo que vuelve a diluirse en programas piloto sin fuerza legal.