Monterrey.- Para reconocer el derecho a una pensión o retiro para personas trabajadoras con discapacidad que cotizan ante el IMSS, pero que actualmente no cuentan con un esquema que considere sus condiciones de vida, la diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social.
Acompañada de activistas, la legisladora entregó su propuesta ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado y explicó que la iniciativa surge tras reunirse con madres y padres de personas con discapacidad en edad laboral.
Señaló que, a pesar de cumplir con jornadas formales, horas cotizadas y obligaciones fiscales, estas personas no tienen garantizado un retiro digno.
“La inclusión laboral ha avanzado, pero el legislador olvidó cerrar el círculo: si trabajas de manera honrada y digna, tienes derecho a una pensión”, expresó.
La iniciativa plantea crear un capítulo específico denominado Derecho de las personas trabajadoras con discapacidad a contar con una pensión o retiro, que permita acceder a una pensión proporcional a las semanas cotizadas o a un retiro anticipado a partir de los 45 años.
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Serrato Flores explicó que esta medida reconoce que la esperanza de vida de este sector puede ser menor a la de la población en general.
Durante la presentación, María del Carmen Moreno Díaz, madre de una joven con síndrome de Down, expuso que su hija ha trabajado formalmente durante nueve años, pero la ley vigente la obliga a esperar hasta los 65 años para jubilarse.
“Nuestros chicos no llegan a esa edad, es muy triste que si fallecen a los 50 años, después de 10 o 12 años de trabajo, no tengan derecho a gozar ese beneficio”, señaló.
Padres de familia y organizaciones civiles coincidieron en que, aunque han observado avances en inclusión laboral por parte de empresas socialmente responsables, la falta de un marco legal impide otorgar una pensión anticipada o recuperar el fondo de ahorro en caso de fallecimiento.
La diputada agregó que la reforma es de carácter federal y será turnada a la comisión correspondiente para su análisis.
Adelantó que buscará respaldo en el Congreso de la Unión para agilizar el proceso.
“Se trata de proteger derechos laborales que hoy están desatendidos y asegurar una inclusión plena”, afirmó. Representantes del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, asociación civil que acompañó a las familias, señalaron que la propuesta responde a una necesidad largamente ignorada y confiaron en que avance con rapidez en el proceso legislativo.