Monterrey.- El hecho de que el actual Programa de Respuesta a Contingencias Ambientales (PRCA) está desactualizado no es excusa para que el Estado omita declarar alertas por contaminación atmosférica cuando las condiciones lo ameriten, coincidieron miembros de la Alianza del Aire.
Y es que, el pasado 13 de febrero, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, anunció que su dependencia priorizará dar pronósticos sobre declarar contingencias a consecuencia de que el PRCA está obsoleto.
Sin embargo, los ambientalistas consideraron que las alertas son indispensables para gestionar episodios de calidad del aire extremadamente mala, y que los pronósticos no pueden sustituirlas.
“Insistimos y seguiremos insistiendo en que los pronósticos no pueden sustituir a una alerta ambiental. El programa de pronósticos es una buena herramienta, pero tiene un margen de error, porque no hay una certeza absoluta.
“La emisión de alertas no se puede sustituir porque eso es lo que confirma que hay una situación grave de contaminación atmosférica. Nos preocupan los pronósticos o boletines informativos que no tienen la configuración de una alerta ambiental”, dijo María Enríquez, presidenta del Comité Ecológico Integral (CEI).
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Con la anterior postura estuvo de acuerdo Selene Martínez Guajardo, directora del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Monterrey (OCCAM), quien resaltó que “los gobiernos que alertan son gobiernos que protegen”.
De acuerdo con datos del CEI, el año pasado debieron declararse 76 alertas ambientales, cuando solo se declararon tres a nivel metropolitano, como se publicó el 20 de diciembre; adicionalmente, se declaró una en el municipio de Cadereyta y otra en el municipio de San Pedro.
Cuando se declara una contingencia atmosférica, las empresas de jurisdicción estatal, como las pedreras, están obligadas a reducir sus emisiones u operaciones; en el caso de las empresas federales, solo se les puede hacer recomendaciones.
La actualización del PRCA está en proceso por parte del Estado desde el pasado 26 de agosto, a petición de la Alianza del Aire, un órgano que incluye tanto al CEI como al OCCAM, así como a Consejo Cívico, Parque Ecológico Chipinque, Pueblo Bicicletero y Ciudad en Común.