Monterrey.- Durante el 2024, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León registró un total de 37 delitos contra el medio ambiente, una disminución del 32 por ciento a diferencia de 2023 en el que se registraron 49.
A pesar de ser una de las entidades con alta actividad industrial y altos índices de contaminación, Nuevo León se mantiene con un número relativamente bajo de delitos en comparación con otros estados del país.
De acuerdo con datos oficiales, los meses con mayor número de delitos ambientales fueron enero y junio con siete casos cada uno, seguidos de marzo con seis y abril con cinco.
En contraste, el mes de mayo no registró ninguna denuncia, mientras que los meses de julio, octubre y diciembre apenas contabilizaron un solo caso cada uno.
El reporte de estos delitos ambientales se da en un contexto de creciente preocupación por los niveles de contaminación que se presentan en la entidad.
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En las últimas semanas, ABC Noticias ha evidenciado el deterioro ambiental en el estado, particularmente en municipios como Cadereyta, donde la madrugada del viernes se reportó un incremento en la concentración de dióxido de azufre.
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alfonso Martínez, informó que entre las 4:00 y las 7:00 horas se registró un pico significativo en la presencia de este gas en la zona, donde opera la refinería de Pemex.
Esta situación ha encendido las alarmas de autoridades y ciudadanos, quienes exigen acciones urgentes para reducir las emisiones contaminantes.
Además del aumento en los delitos ambientales y la contaminación atmosférica, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha tomado medidas contra empresas que incumplen con las normativas ecológicas.
Recientemente, la dependencia impuso sanciones a la empresa Zinc Nacional, ubicada en la colonia Lomas del Roble, en San Nicolás, tras una inspección realizada en enero del presente año, en la que se encontraron diversas irregularidades, incluyendo la presencia de óxido de zinc sobre suelo natural sin medidas de protección.
Como respuesta a las observaciones de Profepa, la compañía se comprometió el pasado 31 de enero a retirar el material disperso en sus patios de operación y a implementar medidas para minimizar el impacto ambiental de sus actividades.
Entre las exigencias de la dependencia federal, destacan el almacenamiento adecuado del óxido de zinc, la presentación de programas de monitoreo y el control de emisiones contaminantes provenientes de sus hornos industriales.
En México los estados de Oaxaca y Baja California Sur son los que registraron mayores denuncias contra el medio ambiente con 86 y 82 respectivamente, seguido de Chiapas con 70, Estado de México con 69, Jalisco con 67, Hidalgo con 59 y Veracruz con 50.
A pesar de los esfuerzos por regular y sancionar las afectaciones al medio ambiente, Nuevo León sigue enfrentando un grave problema en materia de contaminación y delitos ecológicos.
Con una industria en constante crecimiento y altos niveles de contaminación del aire, expertos y ciudadanos demandan acciones más contundentes por parte de las autoridades para mitigar los efectos ambientales negativos y garantizar un entorno más saludable para la población.