Monterrey. - Javier Náñez Pro, abogado y actual candidato al cargo de Magistrado Electoral de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, interpuso una demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano en contra de la resolución del Consejo General del INE, mediante la cual aumentó los topes de gastos de campaña para los candidatos de la elección judicial.
Lo anterior, al denunciar violaciones directas a la Constitución, Tratados Internacionales y a la Ley Electoral.
Fue el pasado 20 de marzo de 2025, cuando el Consejo General del INE se reunió para determinar los topes de gastos tras la sentencia de la Sala Superior del TEPJF, que les obligaba a determinar topes diferenciados en razón del tipo de elección que se trataba.
Ello desplazó la cifra original única que el INE había determinado para todas las candidaturas, la cual ascendía a los 220,326.20 pesos, sin importar el cargo.
Los nuevos topes que determinaron, que ahora son impugnados, fueron los siguientes:
“Es una afronta directa a las clases medias y populares en México”, denunció Náñez Pro en entrevista.
“La Constitución prohíbe que los candidatos al Poder Judicial reciban financiamiento público o privado y les obliga a financiar sus campañas con sus propios recursos, como el sueldo percibido por su empleo, las utilidades de sus negocios o sus ahorros de vida. En un país tan desigual como México puedes tener a un candidato de clase alta con sueldos millonarios que le permitan alcanzar los topes de gastos y por otro lado su adversario de clase media o baja que no puede invertir más de 50 mil pesos en la campaña. Esto los pone en una desventaja severa con el aumento drástico de los topes de campaña y resulta en un acto de discriminación económica”, reclamó.
“Ojalá le informaran sobre esto a la Presidenta Claudia Sheinbaum antes de que sea tarde, para que pueda intervenir o emitir una opinión en favor de las clases populares de nuestro país y evitar este atropello”; puntualizó.
El asunto fue radicado en la Sala Superior del TEPJF bajo la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.