Monterrey.- Este jueves, los senadores por Nuevo León, Waldo Fernández González y Judith Díaz, anunciaron que presentarían un Punto de Acuerdo ante el Senado para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a reconsiderar el supuesto nombramiento de Eduardo Villanueva Garza como nuevo encargado del despacho en la entidad.
Ambos legisladores manifiestan su preocupación por los antecedentes del funcionario, quien habría otorgado, durante su gestión en la Secretaría de Medio Ambiente estatal, una aprobación exprés a un trámite de impacto ambiental en la zona que se le conoce como Mesa de la Corona, en San Pedro, que es un terreno vinculado al gobernador Samuel García y su padre.
Judith Díaz señaló que el posible conflicto de intereses es preocupante, especialmente ante los retos ambientales que enfrenta Nuevo León.
“La verdad es que vamos a presentar un punto de acuerdo para exhortar a nuestros compañeros del poder ejecutivo, específicamente de la Profepa para que por favor no nombren a este personaje que tiene conflicto de intereses, y quisiéramos entender cuál es el motivo del nombramiento de esta persona”, dijo Díaz.
También subrayó la importancia de que esta delegación federal sea liderada por un perfil técnico, con independencia política y con verdadero compromiso ambiental.
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Por su parte, Waldo Fernández recordó que los trámites de impacto ambiental suelen tardar hasta 90 días naturales en ser resueltos. Sin embargo, en este caso particular, el permiso fue autorizado en tan sólo 15 días, a pesar de tratarse de un proyecto que se desarrollaría en una zona con valor ecológico, lo que podría poner en riesgo el equilibrio del ecosistema metropolitano.
Ante esta situación, el Punto de Acuerdo que presentarán los legisladores solicitará que la Profepa lleve a cabo un proceso claro y abierto para la designación del nuevo titular en Nuevo León, tras la repentina salida del anterior titular, privilegiando la capacidad técnica y la imparcialidad.
Los senadores también reconocieron los esfuerzos del gobierno federal en materia ambiental, pero insistieron en que se requiere fortalecer a las instituciones responsables de la protección del entorno con perfiles que no responden a intereses ajenos a la ciudadanía.