San Nicolás.- La indignación ciudadana por los episodios de contaminación provocados por Ternium, en esta ocasión en el arroyo La Talaverna, ha escalado a tal nivel que autoridades municipales y representantes del Congreso local ahora exigen el cierre inmediato de la empresa y la aplicación de sanciones penales contra los responsables de los daños al medio ambiente y la salud pública.
El alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, fue contundente al señalar que la salud pública es un derecho que debe garantizarse y protegerse. Además, exigió a las autoridades que “cumplan su compromiso con los vecinos de cerrar la empresa”.
El pasado 18 de abril, 400 mil litros de cloruro ferroso y agua ácida de la planta de Ternium en Churubusco, en los límites de Monterrey y San Nicolás, se derramaron al arroyo La Talaverna, y el viernes pasado la empresa que dirige Máximo Vedoya reconoció que la afectación fue de 11 kilómetros, abarcando los municipios de San Nicolás, Apodaca, Pesquería y Guadalupe.
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Al respecto, el alcalde panista de San Nicolás aseguró que el municipio ya no puede tolerar la simulación de las autoridades estatales encargadas de proteger el medio ambiente.
Carrillo lamentó que, a pesar de compromisos públicos asumidos por las autoridades, la realidad para las familias nicolaítas no ha cambiado, pues siguen expuestas diariamente a emisiones contaminantes.
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“Por el bien y la salud de las familias, en San Nicolás pedimos que las autoridades estatales dejen la simulación y cumplan su compromiso con los vecinos de cerrar la empresa. “La salud pública es un derecho que debe protegerse y garantizarse con total seriedad”, expresó el alcalde.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local, Claudia Chapa, advirtió que las sanciones económicas no responsables del daño ambiental.
“Son multas que ni siquiera son proporcionales a la reparación del daño. Estamos hablando de afectaciones no sólo al medio ambiente, sino a la salud de las personas, y las sanciones no se comparan con los $300 millones de dólares que ellos mismos reportan”, lamentó.
La diputada subrayó que el problema de fondo radica en una legislación ambiental débil y en la falta de aplicación efectiva de las normas. Por su parte, la bancada de Movimiento Ciudadano señaló que la situación de Ternium es un precedente que debe de marcarse en NL.
“Ternium ha sido laxo en sus procesos y esto ha traído un detrimento a la salud y a las condiciones de protección del medio ambiente, tenemos que trabajar en cuanto a clausuras y exigencias a este tipo de empresas, que en el mismo caso que ha sucedió con Zinc Nacional, Ternium tendrá que reubicarse”, señaló la vicecoordinadora, Sandra Pámanes.