Monterrey. - Aunque el próximo domingo estará lleno de festejos por el Día del Padre, muchos otros también los recordarán, pero no de la mejor manera… ante la alta incidencia de deudores alimentarios que se presentan en Nuevo León.
Desde el Congreso local se tiene pendiente concretar un padrón de personas deudoras en este rubro, el cual también incluye a mujeres, aunque en su mayoría son los hombres que incurren en este incumplimiento de la Ley.
Aunque a nivel nacional se tiene este registro, ahora se busca uno a nivel estatal ante la afectación a los hijos y las complicaciones que enfrentan en su mayoría las madres monoparentales o de jefas de familia, señaló la diputada local de la bancada de Morena, Greta Barra.
“Burocracia, jueces que no dan las sentencias y la dificultad de comprobar que tengan todos los bienes e inmuebles a su nombre, tengan un trabajo formal y desde ahí se les descuente o el mismo monto de las pensiones que sea justo, a veces dan montos irrisorios cuando existe un salario”, apuntó.
Se judicializan las vidas, no sólo de los padres involucrados en los pleitos legales, sino también de los hijos involucrados, por lo que el registro funcionaría como un “buró de crédito” donde quienes tuvieran una sentencia formarían parte de él, pero saldrían al cumplir los adeudos.
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“El monto no lo decide sólo la mamá, sino es con base a las necesidades del niño o de la niña y si hablamos de este registro, pero se tendría a quienes ya cuenten con una sentencia por este aspecto”, indicó la morenista al señalar que hay personas que reciben hasta 300 pesos por semana.
“No es de carácter permanente, sino temporal, puedes entrar al registro cuando incumples, pero puedes salir una vez que liquidas, se tendría que ver el plazo y si tenemos que empezar a tener mecanismos, no se trata de ir contra hombres o personas, sino de centrarnos en los menores”, apuntó la legisladora.
Por su parte la abogada María Romero, indicó que en el estado hay grupos de hombres que reclaman convivencia con sus hijos, pero minimizan sus responsabilidades económicas.
La litigante indicó que jurídicamente esta pensión alimenticia cuenta aspectos como; la recreación, vivienda, educación, vestido, la salud y la comida, sin embargo, son aspectos que se pueden prevenir con comunicación en una relación de pareja.
“Es imposible que con 300 pesos, 500 pesos o mil pesos a la semana o al mes se pueda lograr y viene una problemática que se puede prevenir platicando en pareja, se pueden plantear qué pasaría en una separación y el cargo de los hijos o el monto y capacidad económica”, apuntó la especialista.
Romero, también señaló que el registro debería ser público, no para exhibir a las personas deudoras, sino para prevenir estos temas a nivel profesional en las contrataciones y en el impacto social de las personas que busquen entablar una relación.
Aunque ya hubo una mesa de trabajo en marzo pasado, convocada por la panista Myrna Grimaldo como un primer paso, también quedaron pendientes algunos aspectos, entre ellos el punto de vista de la ciudadanía que atraviesa esta situación.
La especialista mencionó que argucias legales como renunciar a empleos formales y tener algún negocio donde reporten menos ingreso del que se tiene, huir o cambiar de domicilio para no ser notificados de las audiencias o realizar donaciones de sus bienes, son recurrentes.
También hay una iniciativa para que las personas deudoras alimentarias no puedan entrar a espectáculos masivos; no poder ingresar a estadios para ver partidos de fútbol ni a cualquier recinto donde haya conciertos masivos, son las sanciones que se buscan aplicar.
“Si hay una persona que tiene el recurso para poder acceder a esos espacios recreativos —no solo ser invitados, hay partidos gratis—, pero te compras la cheve, el refresco, la comida... si tienen recurso para eso, tendrían que priorizar para sus hijos”, expresó la diputada.
Esta Ley ya se aplica en otros países como en Argentina, donde desde diciembre de 2024, aquellos deudores alimentarios morosos de Buenos Aires no pueden ingresar a los estadios de futbol.
Se espera que ambas iniciativas sean tratadas como temas prioritarios en el siguiente período de sesiones del Congreso.
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