Monterrey.- Ante los casos de discapacidad en Nuevo León, principalmente en los casos de salud mental, en Nuevo León se debe establecer y definir un sistema de apoyo y salvaguarda, debido a que se sigue manejando la figura de la "tutela", la cual actualmente es obsoleta.
En esto coincidieron especialistas durante la realización del evento Enfoque Jurídico de la Salud Mental realizado en el Aula Magna de la UANL, donde se destacó que dicho término no debe utilizarse, ni declarar a las personas en estado de interdicción, es decir, restringir la capacidad jurídica debido a alguna discapacidad.
Al respecto, la especialista Marcela Ibarra Campos señaló que debe adecuarse la capacidad jurídica a quienes presentan alguna discapacidad psicosocial, por lo que los notarios deben flexibilizar las actuaciones para hacer valer sus derechos.
Durante el conversatorio se indicó que muchas veces las familias ocultan el diagnóstico de demencia en adultos mayores para evitar trámites legales, lo que retrasa la atención médica y agrava la enfermedad, y por otro lado, viola su derecho a una representación jurídica.
Por otra parte, Ibarra Campos señaló que, pese a que ya hay iniciativas presentadas con base a criterios de la Corte en el Congreso local, consideró que actualmente se está "picando piedra" en la materia, ya que se deberían aplicar varias reformas al Código Civil local.
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“Nuestra legislación todavía contempla la tutela, que evidentemente es una figura obsoleta que ya no debemos de utilizar, ya no podemos declarar a las personas en estado de interdicción, sino que debemos de ayudar y proveer un sistema de apoyos.
“Que de esta manera se puedan brindar todos los accesos a las personas con discapacidad psicosocial a que manifiesten su voluntad y ejerzan su derecho a la capacidad jurídica, que es un derecho humano”, agregó la titular de la Notaría Pública 30.
Por separado, María del Carmen Rigal Trinidad, fundadora del Patronato para la Comunidad Terapéutica, Asociación de Beneficencia Privada (Común Ati), destacó la necesidad de visualizar que muchas personas con condiciones de salud mental sufren estigma, discriminación y violaciones de los derechos humanos.
“Se debe de tomar en cuenta a las personas con estas condiciones, además de sensibilizar a las familias y sociedad porque se puede lograr una mejor calidad de vida al llevarlos a la autonomía y funcionalidad de quienes tiene estos padecimientos”, expuso.
Agregó que quienes padecen algún trastorno mental suelen registrar ansiedad, estrés y depresión, al ser los más comunes, pero también los que pueden ser incapacitantes si no se da una atención oportuna.
En el evento estuvieron presentes especialistas como Edgar Treviño Castillo, José Roberto Gloria Ibarra, Estrella Guadalupe Rodríguez, así como Lorena Rivera García, titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad del DIF Nuevo León.
La implicación de lo jurídica, señalaron los expositores tiene que ver con aspectos que van desde la atención de una enfermedad mental, hasta incluso, el cuidado de una persona que la padece y la generación de rutas de atención adecuadas.