Santa Catarina.- La dirección de Protección Civil del Municipio de Santa Catarina, liderada por Israel Contreras, es señalada por implementar un esquema sistemático de recaudación irregular de recursos que, de acuerdo con estimaciones basadas en operaciones reveladas por afectados, genera más de 22.8 millones de pesos mensuales mediante cobros fuera de todo marco legal a empresas, comercios y particulares.
Según la información obtenida de negocios afectados, una de las principales fuentes de ingresos provendría del cobro semanal a pipas de gas LP que circulan en el municipio gobernado por Jesús Nava.
Con un estimado de 45 autotanques activos y un cobro de mil 200 pesos por unidad a la semana, esta práctica representaría más de 216 mil pesos mensuales.
Además, al menos 12 gaseras son obligadas a entregar cuotas semanales, sumando unos 72 mil pesos mensuales. También se denuncian detenciones de vehículos que transportan material peligroso por supuestas faltas de señalización, con cobros de hasta 25 mil pesos por unidad, lo que generaría alrededor de 300 mil pesos al mes.
También se reporta el cierre de bodegas y empresas por presuntas problemas en seguridad, con multas de 35 mil pesos más 15 mil por un “visto bueno” irregular, afectando a unas 65 compañías y recaudando 3.25 millones mensuales.
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En construcción, el retiro de sellos por irregularidades en obras costaría 45 mil pesos cada una; en agosto de 2025 se suspendieron 38 obras, sumando 1.71 millones.
Los ingresos más altos provendrían de la atención de accidentes y siniestros laborales, cobrando 150 mil pesos por evento y acumulando 4.65 millones al mes.
También se exigiría “visto bueno” de 15 mil pesos a comercios menores, generando unos 12 millones mensuales, y se incautarían escaleras y herramientas a empresas de cable y telefonía, cobrando hasta 13 mil pesos por unidad y sumando 650 mil pesos adicionales.
La suma de estas prácticas arroja una recaudación aproximada de 22 millones 848 mil pesos mensuales, cifra que, de mantenerse de forma constante, superaría los 270 millones de pesos al año.
La diputada local emecista por Santa Catarina, Marisol González, advirtió que cualquier cobro realizado por autoridades municipales a negocios por inspecciones o “vistos buenos” carece de sustento legal, además de evidenciar una falta de transparencia, ya que el Municipio no tiene publicados sus reglamentos oficiales actualizados, lo que impide a la ciudadanía identificar qué cobros son legales y cuáles no.
El Reglamento de Protección Civil Municipal no ha sido actualizado desde 2016, y no establece que los cobros realizados por sus elementos puedan ser fuera de Tesorería.
En ese contexto, la legisladora enfatizó que Protección Civil cuenta con un presupuesto asignado y que sus servicios no deben generar cargos de manera directa a los comerciantes.