Monterrey.- El delito de fraude se ha consolidado como el ilícito de mayor incidencia en relación con el patrimonio en Nuevo León durante los últimos cuatro años, de acuerdo con datos oficiales de la incidencia delictiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Aunque las cifras muestran una tendencia a la baja en 2025, este delito continúa encabezando la lista de afectaciones económicas a ciudadanos y empresas en la entidad.
Durante 2025, la Fiscalía contabilizó 3,038 delitos por fraude, cifra inferior a la registrada en años anteriores, pero que lo mantiene como el ilícito patrimonial con mayor número de reportes. Los meses con mayor incidencia fueron agosto, con 299 casos, y septiembre, con 306, lo que reflejó un repunte en la segunda mitad del año.
En 2024, el número de casos por fraude ascendió a 4,925, siendo febrero y abril los meses más críticos, con 507 y 528 registros, respectivamente.
Un año antes, en 2023, se documentaron 5,447 fraudes, destacando octubre, con 494, y noviembre, con 567, como los periodos de mayor incidencia. La cifra más alta de los últimos cuatro años se registró en 2022, cuando el delito de fraude alcanzó los 6,070 casos, con picos importantes en agosto, con 662, y septiembre, con 589 sucesos.
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Pese a la disminución progresiva observada en 2025 en comparación con los tres años anteriores, la Fiscalía reconoce que el fraude sigue siendo el principal problema en materia de delitos patrimoniales, debido a su diversidad de modalidades y al impacto económico que genera en las víctimas.
De acuerdo con las estadísticas de delitos contra el patrimonio correspondientes a 2025, el fraude se posiciona como la incidencia de mayor registro, con 3,038 casos, seguido del robo simple, con 2,415; después, daño en propiedad ajena, con 1,867; robo a persona, con 1,486; despojo, con 1,387; y robo a casa habitación, con 1,317 denuncias, entre otros ilícitos.
Como parte de las acciones para combatir este delito, durante 2025 la Fiscalía General de Justicia realizó diversos cateos relacionados con investigaciones por fraude.
Uno de los casos ocurrió el 26 de diciembre, cuando autoridades estatales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Mitras Sur, en Monterrey, derivado de denuncias por contratos de crédito fraudulentos para la adquisición de vehículos a través del negocio CERTYDRIVE, con una afectación estimada de 148,000 pesos.
En el lugar fueron asegurados equipos de cómputo, una terminal bancaria y un sistema de videograbación.
Otro operativo relevante se llevó a cabo el 21 de noviembre de ese mismo año, cuando la Agencia Estatal de Investigaciones cumplió órdenes de cateo en tres puntos distintos de Monterrey y Guadalupe, relacionados con la empresa Alianza Nacional Multimarca, presuntamente involucrada en fraudes mediante créditos para vehículos y bienes inmuebles.
En estos cateos se aseguraron computadoras, laptops, tablets, terminales bancarias, teléfonos celulares y diversa papelería.
Asimismo, el 4 de noviembre, la Fiscalía realizó un cateo en un inmueble de Apodaca vinculado a la agencia de viajes Safe Travel, donde se investigan al menos 67 denuncias y una afectación económica cercana a los 3 millones de pesos.
En septiembre, también se intervino un local en el centro de Monterrey identificado como NCF Financial Services, donde se aseguraron equipos electrónicos y documentos financieros.
Ya en el inicio de 2026, la Fiscalía informó sobre la detención de Armando “N”, de 48 años, acusado del delito de fraude, tras presuntamente vender un terreno valuado en 3 millones de pesos que no era de su propiedad.
El sujeto fue capturado en Apodaca y permanece en prisión preventiva hasta el día de hoy.
A estos casos se suma la detención en España de Víctor Hugo “N”, socio fundador de Peak Growth Capital, empresa originaria de Nuevo León dedicada a la inversión de capitales.
El empresario fue arrestado en Madrid por presunto fraude, luego de que cerca de 800 millones de pesos desaparecieran, afectando a aproximadamente 100 socios inversionistas.
La Fiscalía de Nuevo León informó que ya se iniciaron los trámites correspondientes para solicitar su extradición, mientras continúa la búsqueda de su presunto cómplice, Arturo “N”.
Las autoridades estatales reiteraron que el combate al fraude seguirá siendo una prioridad, al tratarse de un delito que, pese a su reciente reducción, continúa generando severas afectaciones al patrimonio de las y los neoleoneses.
