San Pedro.- Pese a la presencia persistente de cableado en desuso en la zona metropolitana, el municipio de San Pedro informó que actualmente no cuenta con facultades legales para sancionar a las empresas de telecomunicaciones que no retiran este material, debido a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hace una semana, ABC Noticias publicó que, ante el abundante cableado fuera de uso que permanece en postes y vialidades, el municipio enfrenta limitaciones legales para obligar a las cableras a hacerse responsables del retiro.
El secretario general del municipio, Luis Susarrey, explicó que, aunque los reglamentos municipales contemplan sanciones, estas no pueden aplicarse tras una impugnación derivada de un caso del municipio de Zapopan, Jalisco, que llegó hasta la Suprema Corte.
“Por una impugnación y una resolución de la Suprema Corte, resulta que los municipios no podemos sancionar. Estamos imposibilitados jurídicamente para obligar a las empresas a retirar el cableado que ya no sirve”, señaló el funcionario.
Ante este escenario, el municipio ha optado por establecer acuerdos de colaboración con las compañías de telecomunicaciones, aunque reconoció que en muchos casos es el gobierno local el que termina asumiendo una responsabilidad que corresponde a las empresas.
Susarrey indicó que, a pesar de estas limitaciones, la Secretaría de Servicios Públicos realiza labores diarias para retirar cables en desuso. Detalló que, desde octubre de 2024, cuando inició la actual administración encabezada por Mauricio Fernández, se han retirado 195 mil 584 metros lineales de cableado.
Adelantó que el municipio se encuentra próximo a aprobar un fideicomiso que permitirá crear un fondo de inversión pública y privada, con el objetivo de avanzar tanto en el retiro de cableado obsoleto como en el soterramiento de líneas en diversas colonias.
El problema de las llamadas “telarañas” urbanas también llegará nuevamente al Congreso local. La diputada de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña, informó que en febrero la Comisión de Desarrollo Metropolitano, que preside, retomará el análisis del tema en febrero.
“Vamos a darle seguimiento y ser más rigurosos. A los municipios hay que ponerles fechas límite para que informen cómo van, porque cuando el tema queda abierto muchas veces no hay respuesta al llamado del Congreso ni de la ciudadanía”, expresó la legisladora.