Monterrey.- El senador, Waldo Fernández, lanzó una advertencia sobre lo que calificó como una profunda crisis en el sistema de justicia de Nuevo León, al señalar que la procuración e impartición de justicia en la entidad se encuentran distorsionadas por intereses políticos ligados al PRI y al PAN, situación que, aseguró, ha derivado en abusos contra la ciudadanía.
Durante un pronunciamiento público, el legislador sostuvo que el deterioro institucional que hoy enfrenta Nuevo León no es casual, sino resultado de un control político que ha impedido que las instituciones encargadas de investigar y sancionar delitos cumplan con su función.
“En los últimos días ha trascendido en los medios de comunicación algo que yo he señalado siempre: el sistema de justicia de Nuevo León está secuestrado”, aseguró.
Fernández insistió en que la falta de resultados en la Fiscalía de Nuevo León y en el Poder Judicial no obedece a una incapacidad técnica, sino a una interferencia directa de intereses partidistas del PRI y del PAN, que, dijo, han convertido a estas instituciones en herramientas políticas, dejando en segundo plano la atención a las víctimas y el acceso efectivo a la justicia.
Ante este panorama, el senador llamó a la población a no normalizar los abusos y a romper el silencio frente a prácticas como la extorsión, las presiones indebidas o el uso del aparato de justicia para intimidar a ciudadanos. En ese sentido, pidió a quienes hayan sido afectados a levantar la voz y utilizar los canales disponibles para denunciar.
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“Yo te invito a ti a que si has sido víctima de una extorsión por parte de estos grupos me lo hagas saber o denunciar anónimamente al 089”, exhortó.
El legislador recordó que, en años recientes, el Congreso de la Unión realizó modificaciones legales que fortalecen el combate a este delito, particularmente en materia de extorsión, al permitir que las autoridades investiguen de oficio sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal, lo que reduce los riesgos de represalias y la carga emocional para quienes han sufrido este tipo de delitos.
También destacó que estas reformas buscan cerrar espacios a la impunidad y garantizar que las autoridades actúen de manera inmediata cuando existan indicios claros de conductas ilícitas, especialmente cuando se trate de abusos cometidos desde posiciones de poder.
Fernández subrayó que existen facultades desde el ámbito federal para intervenir cuando funcionarios públicos utilizan su cargo para afectar a ciudadanos, lo que abre la puerta a acciones legales más amplias en casos donde se detecte un uso indebido de la autoridad.
“La federación puede intervenir cuando un funcionario hace mal uso de su espacio de poder para perjudicar a un ciudadano”, expuso.
El senador de la República reiteró su disposición para acompañar a las personas que decidan denunciar, ya sea orientándolas sobre los mecanismos legales disponibles o canalizando los casos a las instancias correspondientes. Señaló que mantiene abiertos sus canales de comunicación y redes sociales para recibir información, siempre respetando la confidencialidad de las víctimas, y reiteró que sólo con denuncias se podrá comenzar a desmantelar lo que consideró un sistema capturado por intereses políticos en perjuicio de la sociedad.