Monterrey.- Por unanimidad, el Congreso de Nuevo León aprobó este martes la agenda mínima correspondiente al segundo periodo de sesiones, en donde se priorizarán dos reformas constitucionales.
Durante la sesión, y al no registrarse oradores en contra, el dictamen fue sometido a votación registrándose un total de 40 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
El dictamen fue presentado por la bancada del PAN y previamente analizado y discutido en la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, donde se definieron los temas prioritarios que serán abordados por el Poder Legislativo en este periodo.
La agenda aprobada establece las prioridades legislativas, mismas que se dividen en cuatro ejes principales: Reformas constitucionales, Nuevas Leyes, Reformas a Diversas Leyes y Asuntos Ordinarios.
En materia de reformas constitucionales, se contemplan modificaciones en el rubro de Transparencia, con la propuesta de desaparecer el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (INFONL) y crear un nuevo órgano o integrar sus funciones a la Contraloría del Estado.
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Asimismo, se incluye una reforma en materia electoral, en la que los diputados tendrán que legislar si los partidos políticos estarán obligados o no a postular a una persona de género específico para la gubernatura de Nuevo León.
Respecto a nuevas leyes, se prevé la creación de la Ley de Educación, la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley de Coordinación Metropolitana y la Ley de Ciberseguridad.
En el apartado de reformas a diversas leyes, se contemplan modificaciones a 18 ordenamientos, entre ellos la Ley Ambiental, la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial, la Ley Estatal de Salud, la Ley Electoral, la Ley de Gobierno Municipal y la Ley de Protección Civil, entre otras.
En cuanto a asuntos ordinarios, la agenda incluye la revisión de las cuentas públicas del Estado y los municipios, así como la realización del Parlamento Infantil, el Parlamento del Adulto Mayor y el Parlamento Verde.
Además, el análisis y atención de las observaciones emitidas por el poder ejecutivo a diversos decretos, acciones para abatir el rezago legislativo, así como la emisión de exhortos a municipios, al Estado y a la federación.
Cabe destacar que en esta agenda no se incluyó la reforma judicial, debido a que el PAN argumentó el pasado 15 de enero que la elección de magistrados y jueces podría realizarse en 2028, y no de manera concurrente con los comicios ordinarios de 2027.