Nuevo León.- En Nuevo León existen aproximadamente 70 casas hogar, tanto públicas como privadas, que operan sin una revisión sistemática de su infraestructura ni de la seguridad de los menores que albergan. Ante este vacío legal, la diputada de Acción Nacional, Myrna Grimaldo Iracheta, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones Asistenciales para obligar a las autoridades a realizar supervisiones periódicas y garantizar una vida digna a niños y adolescentes.
Visitas obligatorias y personal capacitado
La propuesta busca modificar diversos artículos para establecer que las inspecciones se realicen, por lo menos, dos veces al año de forma ordinaria, o de manera inmediata ante cualquier denuncia o emergencia. Grimaldo enfatizó que actualmente no existe certeza sobre las condiciones de higiene, dormitorios y comedores donde viven los menores rescatados de la calle o en situación de vulnerabilidad.
Además de la planta física, la reforma pone la lupa en el factor humano. Se exigirá que todo el personal y los voluntarios cuenten con cartas de no antecedentes penales y perfiles profesionales adecuados. “¿Cómo les vamos a dar permiso de entrar a jugar con los niños si no sabemos quiénes son?”, cuestionó la legisladora, subrayando la necesidad de evitar casos de maltrato o abusos dentro de estos centros.
“Son instituciones que ahí están y que a mí me llama mucho la atención que nos sabemos cómo tratan a los niños adentro y que se pueden dar situaciones que son muy complejas para los niños que no se pueden defender y tengo que hablar con lo que yo no sé si ahí hay maltrato, hay violaciones, ahí tendremos que comentarlo. Estamos tratando de socializar este tema para que se cumpla con la obligación que tiene este Comité de ir a hacer las supervisiones adecuadas. La ley no marcaba número de supervisiones. Yo estoy proponiendo que sean dos mínimos al año ordinarias y cuando alguien haga una denuncia, pues que vayamos en caso de emergencia a inspeccionar esto”, puntualizó la legisladora de Acción Nacional.
Omisión institucional
Un punto crítico denunciado por Grimaldo es la inactividad del Comité Interinstitucional, presidido por la Dirección del DIF Estatal, el cual —aseguró— no ha sesionado ni una sola vez para revisar estos temas. La iniciativa también vincula al Ejecutivo del Estado para que garantice las partidas presupuestales necesarias, asegurando que las instituciones a su cargo tengan el mobiliario y los enseres suficientes para brindar un servicio de "calidad y calidez humana" hasta que los menores cumplan la mayoría de edad.