Monterrey.- Una reclamación económica por 3 mil 400 millones de pesos ligada al fallido proyecto hidráulico Monterrey VI quedó reducida a 32 millones, tras resolverse el procedimiento arbitral derivado de la cancelación de la obra, un compromiso contractual heredado desde la administración del exgobernador Rodrigo Medina y que durante años representó un riesgo millonario para las finanzas estatales.
La controversia fue promovida por el consorcio AQUOS, que exigía el pago de daños y perjuicios luego de que se cancelara el Contrato de Asociación Público-Privada (CAPP) para la construcción del acueducto.
El proyecto pretendía trasladar agua desde el río Pánuco hasta la zona metropolitana de Monterrey y fue presentado en su momento como uno de los planes hidráulicos más ambiciosos de Latinoamérica.
La reducción del monto se logró dentro del proceso arbitral mediante la defensa jurídica del Estado, encabezada por Javier Navarro, coordinador del Gabinete de Buen Gobierno.
La postura oficial sostuvo que los daños reclamados no eran procedentes en los términos planteados, debido a que el contrato no llegó a consolidarse plenamente.
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En entrevista con ABC Noticias, Navarro detalló que la reducción del monto reclamado se logró a través de un arbitraje ad hoc, y que el caso le fue encomendado directamente por el gobernador Samuel García, para revisarlo a fondo y defender los intereses del estado.
El funcionario explicó que el conflicto inició desde administraciones anteriores, cuando el consorcio promovió la solicitud de arbitraje por un monto millonario, y que al asumir el actual gobierno el asunto figuraba entre los más relevantes por el impacto financiero que representaba.
“Cuando entramos al gobierno ya estaba en curso el arbitraje promovido por AQUOS por 3 mil 400 millones de pesos. El Gobernador me encargó revisar el caso y, tras el laudo emitido por la árbitra, se resolvió que no debíamos pagar esa cantidad, sino únicamente alrededor del 1 por ciento por daños justificados que fueron evaluados y revisados por peritos”, señaló.
Proyecto polémico
El conflicto comenzó el 13 de marzo de 2014, cuando se lanzó la convocatoria pública para construir el acueducto.
Quince empresas se registraron y, en septiembre de ese año, Agua y Drenaje de Monterrey adjudicó el contrato a un consorcio de cinco firmas, que se formalizó el 26 de septiembre.
Desde el inicio, el proyecto enfrentó resistencia de organizaciones civiles, ambientalistas y agrupaciones profesionales, que en noviembre de 2014 pidieron al entonces gobernador Rodrigo Medina transparentar los aspectos técnicos y financieros.
Aunque la administración estatal defendió la obra y anunció su inicio para 2015, las críticas crecieron entre sectores empresariales y ciudadanos que cuestionaban su costo y urgencia.
El Congreso local también mostró posturas divididas sobre aplazarla. En 2015, empresarios expresaron su respaldo en un encuentro con el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, se promovieron amparos colectivos al considerar que la construcción presentaba irregularidades. En 2016 el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón ordenó revisar el proyecto y decidió cancelarlo, lo que derivó en el litigio que se resolvió mediante arbitraje.
El acuerdo final, formalizado por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, cerró el conflicto con un pago menor al reclamado originalmente.