Monterrey.- Con el mensaje contundente de “con las niñas y los niños no”, autoridades estatales, municipales, organismos autónomos y el sector empresarial firmaron un convenio de colaboración para prevenir y atender la trata de personas, particularmente de niñas, niños y adolescentes, ante la llegada de eventos masivos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
En el acto participaron la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el DIF Monterrey, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León y la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León, entre otras instancias.
La presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, subrayó que la firma representa un paso firme en la protección de la infancia.
“Hoy es un día muy importante para el DIF Monterrey con la firma de este convenio con el damos un paso firme a la prevención y atención de la trata infantil un mensaje que nace del corazón y que no admite dudas en Monterrey con las niñas y los niños no”, expresó.
El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aseguró que el convenio implica hacer lo que corresponde institucionalmente para garantizar el Estado de derecho y actuar con rapidez ante cualquier indicio.
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“Vamos a establecer un proceso de cómo vamos a actuar muy rápido para evitar el sistema de trata, sobre todo también trata en contra de niñas y niños y adolescentes, que es todavía más grave”, sostuvo.
El edil reveló que una denuncia presentada contra un casino derivó en investigaciones por trata internacional, donde presuntamente se trasladaban personas desde Venezuela y Colombia hacia Nuevo León vía Cancún.
“Son grupos de poder que a partir de que presenté esa denuncia se me han venido encima de una manera fuertísima… no tengo miedo decirlo y no tengo miedo a luchar contra eso”, afirmó, al señalar que en otras etapas Nuevo León logró superar crisis de violencia enfrentando estructuras criminales.
El Host City Manager de la FIFA en Monterrey, Alejandro Hütt, adelantó que en un mes habrá una primera prueba operativa con dos partidos y un festival musical intermedio, lo que permitirá ensayar los protocolos de prevención.
“Hoy es lo que nos estamos comprometiendo todos los involucrados, entonces hagamos que esto suceda y que Monterrey dé la nota positiva por un saldo blanco en el tema de trata”, indicó.
Además, propuso involucrar a plataformas digitales como Uber y Airbnb como aliados estratégicos para compartir información que permita detectar posibles situaciones de riesgo.
Por su parte, Jesús Nader, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León, reconoció que los grandes eventos internacionales representan un reto adicional.
“La firma de este convenio es muy importante porque cada día queremos aprender más en coordinación con todas las autoridades para poder ayudar a proteger de la trata que desgraciadamente se ve por todo el mundo y que en eventos grandes como el que se acerca del mundial, pues es muy frecuente que se den este tipo”, señaló.
Desde la perspectiva de procuración de justicia, el vicefiscal Luis Enrique Orozco explicó que en 2025 la Fiscalía emitió una política de persecución penal orientada a responder de manera efectiva a las violencias de mayor impacto, garantizar el acceso a la justicia —especialmente para niñas, niños y adolescentes— y fortalecer la confianza ciudadana.
Detalló que desde 2019 se han recibido poco menos de 300 carpetas relacionadas con trata y se han obtenido 80 condenas; el 55 por ciento de los casos involucra a menores de edad.
El representante de UNICEF en México, Fernando Carrera, advirtió que el fenómeno debe abordarse de manera integral.
“Por cada caso de un niño de trata, tenemos 20 niños violentados en sus hogares. Esto es muy importante tenerlo presente. El sistema de protección se queda corto si solo nos preocupamos por la trata, aunque la trata es fundamental de abordarla. El problema principal lo tenemos en los hogares”, puntualizó.
Desde la óptica de derechos humanos, la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Olga Susana Méndez, enfatizó que el acuerdo parte de una premisa básica: la protección integral de niñas, niños y adolescentes.