Monterrey.- El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, se pronunció sobre las recientes irregularidades detectadas en el municipio de General Zuazua, al subrayar que debe prevalecer el Estado de Derecho y que cada caso de irregularidad por parte de los alcaldes, debe analizarse conforme a la conducta específica de los involucrados.
El edil regio, quien es el Presidente de la Confederación Nacional de Municipios de México, señaló que no se pueden equiparar situaciones distintas y que corresponde a las autoridades competentes determinar las responsabilidades conforme a la ley.
“Hay que diferenciar cada una de estas acciones, tienen diferentes conductas, ahorita yo hablaba que tiene que prevalecer el estado de derecho y, atendiendo la conducta que haya tenido cualquier alcalde que se hagan las acciones correspondientes para que las autoridades competentes hagan su trabajo”, expresó.
Las declaraciones surgen luego de que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey detectara una conexión irregular al sistema de drenaje sanitario en un predio de aproximadamente 15 mil metros cuadrados ubicado en la brecha Matamoros, en el municipio de General Zuazua.
De acuerdo con la inspección técnica, el terreno contaba con varios pozos de visita y presentaba una descarga inactiva conectada mediante tubería de ocho pulgadas a un colector sanitario de 48 pulgadas, sin registro de contrato vigente, solicitud de servicio ni factibilidad autorizada.
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El predio es identificado como una quinta presuntamente propiedad de Jorge Luis Martínez, padre de la alcaldesa de Zuazua, Elva Deyanira Martínez González. Ante las irregularidades, el organismo operador anunció la cancelación de la conexión, una sanción económica inicial de 30 mil 500 pesos y el requerimiento de regularización conforme a la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado.
Al respecto, De la Garza insistió en que la aplicación de la ley debe ser pareja, independientemente del cargo o filiación política de las personas involucradas.
“Es como en este tema de la trata de personas, si cada quien hacemos lo que nos toca tendremos un estado de derecho que nos permita tener libertad y democracia”, añadió.
En este contexto, el edil reiteró que más allá de los debates políticos, corresponde a las autoridades técnicas y jurídicas deslindar responsabilidades y garantizar que cualquier irregularidad, ya sea administrativa o penal, sea investigada y sancionada conforme a derecho.