Monterrey.- El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez, aseguró que su participación en el conflicto entre la pedrera Materiales Triturados Martínez (Matrimar), ubicada en el municipio de Cerralvo, y el Gobierno de Nuevo León, se limitó a fungir como intermediario para facilitar el diálogo entre ambas partes, rechazando haber condicionado la operación de la empresa a cambio de un pago millonario.
Por medio de un video difundido en sus redes sociales, el también diputado local sostuvo que fue buscado por representantes de la compañía ante las dificultades que enfrentaban con autoridades estatales, por lo que únicamente ayudó a establecer comunicación. Señaló que su intención fue propiciar un acercamiento institucional sin intervenir en decisiones administrativas.
“La empresa en su momento me buscó para tener algún acercamiento sobre esta problemática que estaban teniendo con el Gobierno del estado y lo único que hice fue abrir ese canal de comunicación, fungir como intermediario, ver la manera de que ellos se pusieran de acuerdo y transitaran el tema”, expresó.
Martínez también subrayó que, por su cargo, no tiene facultades ejecutivas para incidir en resoluciones estatales o municipales, y que su vínculo con el Municipio obedece a que es originario de esa región. Indicó que su papel no fue el de autoridad decisora, sino el de gestor político.
“Quiero aclarar que soy diputado local y dirigente de un partido, es decir, yo no tengo injerencia ni en el Estado, ni en un municipio, ni en la Federación. Sin embargo, colaboré porque soy de Cerralvo”, afirmó.
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La polémica surgió tras la difusión de una grabación fechada el 27 de noviembre de 2025, en la que presuntamente se hace referencia a la solicitud de un pago de hasta 50 millones de pesos para que la empresa pudiera continuar operando.
En los audios divulgados, se atribuye la voz al propio Martínez en conversación con un directivo de Matrimar. En uno de los fragmentos se menciona que, según el secretario estatal de Medio Ambiente, Raúl Lozano, sería necesario “un pago fuerte”, incluso contemplando la posibilidad de realizarlo en parcialidades.
En la charla también se alude al director de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria de Nuevo León, Roberto Santos, y al secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores, en el contexto de gestiones para que la compañía regularizara su situación.
La empresa ha sostenido que el monto referido rondaría los 50 millones de pesos. Ayer, la controversia llegó al ámbito penal, ya que la presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso local, Armida Serrato, junto con el diputado del PAN Ignacio Castellanos, acudieron a la Fiscalía General de Justicia para interponer una denuncia tras la difusión del audio.
“Estamos presentando denuncia formal penal contra quien resulte responsable en relación a la nota periodística del día de hoy en donde se establece, presuntamente, que el presidente estatal del partido Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez, y además diputado local, se muestra en un audio en donde a todas luces parece ser un acto de extorsión”, dijo.
Por su parte, Castellanos, quien representa al municipio de Cerralvo, hizo un exhorto a las cámaras empresariales para que denuncien todos los casos de extorsión.
“Pedimos justicia y reconocemos la valentía de la empresa Matrimar, y hacemos un llamado a todas las empresas que están siendo extorsionadas, que alcen la voz. Y pedimos a las cámaras empresariales que se manifiesten en defensa de los emprendedores, pero sobre todo de miles de familias trabajadoras nuevoleonesas”, señaló.