Monterrey.- Por unanimidad, el Congreso Local aprobó reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León para obligar a los policías a portar cámaras de solapa, con el objetivo de transparentar su actuación y fortalecer la rendición de cuentas.
La medida fue propuesta por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Lechuga, y contempla modificaciones a los artículos 3 (Fracción V Bis), 82 (Fracción VI), 126 y 155 (Fracción XXX) de la legislación estatal.
El dictamen establece la regulación formal del uso de cámaras corporales digitales en los uniformes de los elementos de las instituciones de seguridad pública, con la finalidad de garantizar un desempeño objetivo, documentado y transparente durante los operativos.
De acuerdo con el documento aprobado, la reforma surge ante las constantes quejas de ciudadanos y transportistas por presuntos actos de extorsión y operativos con fines recaudatorios, particularmente en municipios como Santa Catarina.
Durante la discusión, el legislador panista aseguró que la aprobación de esta iniciativa representa “un antes y un después” en el combate a la corrupción dentro de los cuerpos policiales.
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“Por eso, la iniciativa que he impulsado en los últimos meses y que hoy votamos en este dictamen marca un antes y un después. Porque gracias a esta iniciativa, todos los policías corruptos tendrán que dar la cara: los municipios estarán obligados a equipar a todos sus elementos de policía con cámaras de solapa.
“Las policías tendrán que transparentar sus operativos: todo quedará grabado; y a los corruptos se les va a caer el negocio de las extorsiones. Ahora el ciudadano tendrá la evidencia a la mano y podrá denunciar los abusos de la autoridad”, enfatizó.
La reforma también establece como atribución de las autoridades promover el uso de estos dispositivos entre el personal operativo y obliga a los elementos a portarlos de manera visible, notoria y en buen estado.
Entre los beneficios señalados destacan la disuasión de malas prácticas policiales, la reducción de actos de corrupción y abusos de autoridad, así como la generación de evidencia objetiva que pueda ser utilizada como prueba judicial. Además, se busca contribuir a recuperar la confianza y legitimidad de las instituciones de seguridad ante la ciudadanía.
En su intervención, el diputado también se refirió a la situación de seguridad en Santa Catarina y lanzó un mensaje directo al alcalde Jesús Nava.
“Compañeros diputados, votar a favor de este dictamen es arrancarle de las manos a los malos alcaldes el poder de extorsionar al ciudadano. Hoy le decimos a Jesús Nava y a quienes operan como él: que se les va a acabar el negocio con la tranquilidad de nuestra gente”, concluyó.
La iniciativa de reforma del diputado panista se presentó el 9 de diciembre de 2024 y después de un año y dos meses fue aprobada por unanimidad en la Sesión del Pleno.