Monterrey.- En medio de la creciente preocupación por la contaminación en el Área Metropolitana de Monterrey, legisladoras federales y locales presentaron acciones para endurecer la política ambiental, exigir rendición de cuentas y proteger la salud de la población.
ABC Noticias publicó este miércoles que, Ternium afecta a miles de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) por la liberación de elementos como plomo.
En la publicación se menciona que la exposición al aire contaminado se incrementa en el polígono de Ciudad Universitaria, en San Nicolás, donde estudian cerca de 85 mil alumnos y que se ubica frente a la planta de la acerera.
Tras esto, por un lado, la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el objetivo de crear un marco jurídico que permita identificar y reubicar industrias de alto impacto ambiental que actualmente operan en medio de zonas habitacionales.
La legisladora señaló que el crecimiento urbano desordenado ha provocado que empresas que manejan residuos peligrosos o generan emisiones contaminantes queden rodeadas de viviendas, escuelas y centros de trabajo.
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En Monterrey lo vemos a diario con empresas como Zinc Nacional y Ternium; prácticamente en cada municipio del área metropolitana existen ejemplos similares.
La propuesta plantea incorporar en la ley una definición clara de “industria de alto impacto ambiental”, basada en criterios técnicos como emisiones, descargas, generación de residuos peligrosos y riesgos sanitarios comprobables.
Además, se crearía el Registro Nacional de Industrias de Alto Impacto Ambiental en Áreas Urbanas, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con facultades para emitir recomendaciones vinculantes y activar procedimientos de reubicación cuando exista un riesgo acreditado.
Reyes explicó que estos procesos incluirían planes de mitigación, plazos definidos y medidas de apoyo para la transición laboral y productiva, con el fin de proteger la salud sin frenar la actividad económica.
“El desarrollo económico no puede estar peleado con la salud de las familias. Necesitamos reglas claras que permitan ordenar el crecimiento urbano y reducir riesgos antes de que se conviertan en crisis ambientales o sanitarias”, subrayó.
La iniciativa también establece que los programas estatales y municipales de ordenamiento territorial deberán integrar criterios técnicos para evaluar la compatibilidad del uso de suelo y definir zonas aptas para la relocalización industrial, garantizando además la participación ciudadana bajo principios de justicia ambiental.
Morena exige explicar eliminación de alertas ambientales
En paralelo, la diputada local de Morena, Grecia Benavides, presentó un exhorto para que la Secretaría de Medio Ambiente estatal rinda cuentas sobre la eliminación del sistema de alertas ambientales y precise cómo se está protegiendo a la población ante episodios de mala calidad del aire.
Benavides advirtió que el Gobierno del Estado eliminó el sistema de alertas ambientales sin que hasta ahora exista un mecanismo equivalente que informe de manera clara y oportuna a la ciudadanía cuando la calidad del aire representa un riesgo.
Como parte de su posicionamiento, mostró la aplicación oficial de monitoreo ambiental del Estado y aseguró que no funciona desde octubre del año pasado y que tiene más de un año sin actualizarse.
A través del exhorto presentado en la Oficialía de Partes del Congreso local, solicitó que la Secretaría informe la justificación técnica y legal para la suspensión del sistema; detalle cómo ha operado el Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas en episodios recientes; y proporcione información actualizada sobre daños a la salud derivados de la contaminación en la Zona Metropolitana de Monterrey.