Monterrey.— Garantizar perfiles técnicamente idóneos y fortalecer la disciplina judicial con plena independencia son los ejes centrales de la iniciativa ciudadana de reforma al Poder Judicial presentada en el Congreso local por organizaciones de la sociedad civil, empresariales y académicas.
Un grupo plural de representantes acudió este miércoles al recinto legislativo para entregar la propuesta de reforma constitucional, cuyo objetivo es reforzar la confianza en la justicia, asegurar la autonomía judicial y elevar los estándares de preparación de quienes aspiran a impartirla.
El presidente de Consejo Cívico, Mauricio de la Garza Garza, señaló que la reforma no solo implica un cambio legal, sino una decisión que impactará directamente en la confianza ciudadana.
“Cuando la justicia falla, no solo se trata de un expediente, sino de la protección de una persona, una familia y la certeza de quienes ven vulnerados sus derechos”, expresó.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es establecer una evaluación técnico-jurídica previa para aspirantes, antes de que puedan ser candidatos, con el fin de asegurar que cuenten con los conocimientos necesarios para impartir justicia.
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Además, se plantean requisitos más estrictos para garantizar perfiles idóneos y sin conflictos de interés, así como reglas electorales que eviten financiamiento público o privado en campañas, la intervención partidista y posicionamientos sobre posibles resoluciones judiciales.
La propuesta también contempla la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, con una clara separación entre las funciones de investigación y sanción, para evitar abusos de poder y fortalecer la imparcialidad.
Por su parte, el presidente de Coparmex Nuevo León, Roberto Cantú, advirtió que sin un sistema de justicia confiable no es posible garantizar el desarrollo económico, ya que la certeza jurídica es clave para la inversión, los contratos y la generación de empleo.
Entre las medidas adicionales, destaca la propuesta de reducir el número de candidaturas a dos personas por cargo, con el fin de facilitar que la ciudadanía conozca mejor los perfiles, así como prohibir la intervención de funcionarios públicos en el proceso electoral judicial.
"Hoy acompañamos esta iniciativa diversos organismos empresariales porque estamos convencidos que sin justicia confiable no hay desarrollo sostenible. Cada contrato, cada inversión y cada empleo dependen de que las reglas se cumplan y que de los conflictos se resuelvan con imparcialidad y eficiencia", dijo.
Entre las medidas adicionales, destaca la propuesta de reducir el número de candidaturas a dos personas por cargo, con el fin de facilitar que la ciudadanía conozca mejor los perfiles, así como prohibir la intervención de funcionarios públicos en el proceso electoral judicial.
Los impulsores reconocieron que el plazo es limitado, ya que la elección judicial está prevista para 2027, por lo que iniciarán un proceso de diálogo con legisladores para que la iniciativa sea analizada y, en su caso, aprobada.