Monterrey.- Este jueves se llevará a cabo la audiencia conciliatoria en la que se determinará el rumbo legal de Karina “N”, exsecretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, quien enfrenta acusaciones por presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.
La diligencia judicial fue programada a las 10:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal, en Cadereyta, con el objetivo de que las partes involucradas intenten alcanzar un acuerdo que permita resolver el caso mediante mecanismos legales como la reparación del daño, evitando así la prolongación del proceso penal en su contra.
El caso se remonta al pasado 1 de marzo, cuando la entonces funcionaria municipal fue detenida por autoridades federales la tarde de ese domingo en la colonia Nuevo Mezquital, en el municipio de San Nicolás, tras una investigación relacionada con una denuncia que habría sido presentada en contra del senador Waldo Fernández por presunto abuso.
Posterior a su detención, la exfuncionaria fue trasladada a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde quedó a disposición del Ministerio Público. Un día después, durante su primera comparecencia ante un juez federal, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que fue internada en un Centro de Reinserción Social Femenil mientras avanzaban las investigaciones.
En esa misma audiencia inicial también fueron presentadas otras dos personas relacionadas con el caso, quienes solicitaron la ampliación del plazo constitucional para definir su situación jurídica. La continuación del proceso se programó días después en el Centro de Justicia Penal Federal.
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El senador Waldo Fernández dio a conocer que la denuncia en su contra, por un presunto abuso ocurrido previo al proceso electoral de 2024, carecía de elementos formales, ya que —según explicó— no había sido ratificada ni se contaba con datos verídicos de la persona denunciante, lo que dificultó su localización durante meses.
El 3 de marzo, el legislador señaló públicamente que existía una estrategia para difundir acusaciones falsas en su contra, la cual —aseguró— habría implicado una inversión millonaria en plataformas digitales durante la etapa final de las campañas electorales. Además, afirmó que dentro de la investigación también se indaga un presunto intento de extorsión, el cual estaría sustentado con documentación integrada en la carpeta correspondiente.
En medio del avance del caso, la defensa de Karina “N” argumentó que la medida de prisión preventiva no era procedente, al considerar que el delito de extorsión no contemplaba dicha sanción automática en el momento en que ocurrieron los hechos y sostuvo que su representada contaba con domicilio fijo y arraigo suficiente, por lo que —a su juicio— no existía riesgo de fuga.
El 7 de marzo, un juez federal resolvió vincular a proceso a la exfuncionaria, así como a los otros dos implicados, determinando que existían elementos suficientes para continuar con la investigación. Como parte de la resolución, se ratificó la prisión preventiva para los involucrados mientras se desarrollan las etapas del procedimiento.
Días más tarde, el 10 de marzo, Karina “N” presentó su renuncia al cargo que ocupaba dentro del gobierno municipal de Monterrey. La decisión tuvo como finalidad que la exfuncionaria pudiera concentrarse en su defensa legal ante las acusaciones en su contra.
Desde entonces, el caso ha continuado su curso en instancias federales, mientras la exservidora pública permanece recluida en un centro penitenciario en el municipio de Escobedo.
Será este jueves cuando, a través de la audiencia conciliatoria, se determine si existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes o si el proceso deberá continuar hasta una resolución judicial definitiva. Con ello, se perfila un momento clave en el caso, ya que podría definirse el tipo de sanción o las medidas legales que enfrentará Karina “N” por los delitos que se le imputan.