Pesquería. - La demolición de un inmueble con valor histórico en el municipio de Pesquería, realizada por el gobierno local como parte de un proyecto para construir una torre administrativa, derivó en la suspensión de las obras y en la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
El caso se registró en el cruce de las calles Porfirio Díaz y José María Morelos, en el primer cuadro del municipio, donde maquinaria pesada fue utilizada para derribar una edificación antigua que formaba parte del entorno urbano tradicional.
El proyecto contemplaba levantar en ese punto un edificio que concentraría oficinas municipales y estatales, lo que marcaba una reconfiguración importante de la zona.
Sin embargo, la intervención generó cuestionamientos desde el momento en que se hizo pública, ya que el inmueble demolido era considerado por diversos sectores como parte de la identidad histórica de la localidad.
La acción provocó inconformidad entre especialistas y ciudadanos, al tratarse de una estructura con características antiguas en una zona con valor patrimonial.
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Tras la difusión de los hechos, la delegación del INAH en Nuevo León tomó conocimiento del caso y determinó que la demolición se realizó sin contar con la autorización correspondiente, lo que representa una violación a la normatividad federal en materia de protección al patrimonio histórico.
Ante este escenario, el instituto ordenó la suspensión inmediata de los trabajos relacionados con la construcción de la torre administrativa, mientras se lleva a cabo una revisión técnica y legal del caso.
Como parte del proceso, se analiza si el inmueble contaba con elementos que lo hicieran susceptible de protección, independientemente de si estaba inscrito en algún catálogo oficial.
Se inició un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes, así como las posibles sanciones que podrían aplicarse al municipio por la intervención realizada sin permiso.
El proyecto permanece detenido mientras continúan las evaluaciones por parte de la autoridad federal.
Entre las posibles consecuencias se contempla la imposición de multas económicas, así como medidas correctivas que podrían incluir acciones para resarcir el daño causado.
Por ahora, será el INAH quien determine el curso que seguirá el proyecto, así como las medidas que deberán implementarse tras la demolición del inmueble, en un proceso que podría extenderse durante las próximas semanas.
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