Monterrey.- La falta de presupuesto en Nuevo León ya comienza a impactar directamente a miles de trabajadores del sector público, luego de que diversos organismos advirtieran que no podrán aplicar incrementos salariales durante 2026, en medio del vencimiento del plazo constitucional para la ratificación de Ulises Carlin como titular de la Tesorería estatal.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el Consejo de la Judicatura de Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales informaron por separado que no han podido realizar ajustes salariales debido a limitaciones financieras derivadas de la reconducción presupuestal.
En el caso de la Fiscalía, encabezada por Javier Flores, informó a su personal que no habrá aumento este año por factores externos, pese a reconocer la necesidad de mejorar las condiciones laborales, y advirtió que la situación afecta a más de 3 mil 600 trabajadores.
El Consejo de la Judicatura, que es presidido por la magistrada, Laura Perla Córdova, explicó que el aumento salarial, que tradicionalmente se otorgaba en marzo, no pudo autorizarse en esta ocasión debido a la falta de presupuesto disponible.
El organismo reiteró que ha buscado proteger los derechos de su personal, pero las restricciones financieras han frenado cualquier ajuste, por lo que continuará el diálogo con instancias gubernamentales para encontrar una solución.
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El Instituto Estatal de Transparencia, liderado por Brenda González, informó que tampoco ha sido posible aplicar incrementos vinculados a la inflación ni realizar pagos retroactivos.
El organismo detalló que opera con recursos del ejercicio anterior, lo que limita su capacidad para modificar la nómina. Aun así, reconoció que estos ajustes son un derecho legítimo de los trabajadores y aseguró que seguirá gestionando recursos para cumplir con esta obligación en cuanto sea viable.
También la CEDHNL señaló que, debido a la reconducción del presupuesto 2025 y la falta de recursos adicionales, no ha podido aplicar el incremento salarial por inflación a sus 130 trabajadores; su presidenta, Susana Méndez Arellano, advirtió que esta situación afecta directamente los derechos laborales y el bienestar de las familias.
Una fuente reveló que, a pesar de los reclamos, los organismos reciben mensualmente un presupuesto para hacer previsiones de pagos, como por ejemplo los aguinaldos.
El informante añadió que se debe de revisar si los organismos otorgaron el aumento anual en 2025 y de cuánto fue, pues con la reconducción, todos aplican el mismo presupuesto.
Este panorama se da en medio de la falta de acuerdos entre el Gobierno estatal y el Congreso local para aprobar el Presupuesto 2026, lo que ha obligado a operar bajo un esquema de reconducción financiera.
Se agota plazo para nombrar tesorero
Mañana llega a su límite el plazo de 90 días establecido por la ley para que el Gobernador presente una propuesta formal para la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, cargo que actualmente ocupa como encargado de despacho Ulises Carlin.
Liliana Flores Benavides, integrante del Grupo de las Seis, advirtió que no existe un acuerdo para ratificar al funcionario y criticó su desempeño. “Aún no hay un acuerdo para ratificar a Carlin; está como encargado de despacho de la Secretaría de Finanzas, pero ha tenido un papel muy pobre, ya que no ha tenido la capacidad para negociar el Presupuesto 2026.
La Constitución es muy clara: se tienen 90 días para sustituir al titular, y como Carlos Garza dejó el cargo el 1 de enero, el 1 de abril es la fecha límite”, expresó Flores Benavides. Ni el Ejecutivo ni el Congreso han logrado destrabar el Presupuesto estatal, lo que mantiene en incertidumbre a instituciones y a miles de trabajadores.