Monterrey.- Al argumentar que el delito de extorsión que se le imputa no estaba catalogado como de prisión preventiva oficiosa al momento en que presuntamente ocurrieron los hechos, la defensa legal de Karina “N”, aseguró que la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey no debería permanecer en prisión preventiva.
En rueda de prensa realizada este miércoles junto con la familia de la priista, el abogado, Ever González explicó que los señalamientos corresponden a 2024, cuando dicha conducta no ameritaba prisión preventiva automática, por lo que, sostuvo, la reforma al artículo 19 de la Constitución no puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de su representada.
“Independientemente que haya transcurrido más de un año de investigación, estamos hablando precisamente de la prisión preventiva en la que le fue impuesta, ello no tiene por qué afectar en cuanto al tema de las medidas cautelares.
“Los hechos que se le atribuyen son de mediados del año 2024. La Constitución antes de la reforma no establecía de prisión preventiva el delito de extorsión. A consideración de nosotros como defensores consideramos que se aplicó de manera inadecuada lo que establece la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de extorsión, pero en perjuicio de ella no era ni aplicable”, dijo.
Además, el abogado sostuvo que, a consideración de la defensa, no existía necesidad de solicitar ni ejecutar una orden de aprehensión, al argumentar que su representada es una figura pública, con domicilio y centro de trabajo conocidos, por lo que pudo haber sido citada a comparecer de manera voluntaria.
Te podría interesar
“Una orden de aprehensión no se debe emitir sólo porque el Ministerio Público la solicite. Debe acreditarse la necesidad de la cautela, como el riesgo de fuga o que la persona no haya atendido citatorios previos. En este caso, ella estaba plenamente localizada”, afirmó.
González informó que actualmente se encuentran en la etapa de obtención y análisis de datos de prueba para desvirtuar los señalamientos formulados por el Ministerio Público.
“La situación jurídica de Karina está pendiente de resolverse si se vincula o no a proceso. La audiencia será el sábado. En este momento se encuentra bajo prisión preventiva oficiosa impuesta por el juez”, explicó.
Respecto a los señalamientos por el delito de extorsión, el defensor aseguró que, tras revisar la carpeta de investigación, concluyeron que no existen pruebas que acrediten ni el hecho ni la probable participación de Karina “N”.
“La postura de la Fiscalía es que hay datos de prueba, pero nosotros sostenemos que no existen pruebas suficientes para acreditar el hecho ni la participación”, declaró, aunque se reservó detalles por tratarse de información bajo sigilo.
Cuestionado sobre si recurrirán a otra instancia judicial en caso de una eventual vinculación a proceso, respondió que existen recursos legales, pero evitó adelantarse al resultado de la audiencia del sábado.
Por su parte, María Elena Perales Rico, madre de Karina Barrón, aseguró que no ha podido comunicarse con su hija desde la detención y pidió que se esclarezcan los hechos.
“Yo pido justicia y que se aclare todo. Los niños están muy afectados, preguntan cuándo regresa su mamá”, dijo.
Finalmente, el abogado afirmó que, a su juicio, se ha vulnerado la presunción de inocencia de su representada y descartó emitir opiniones sobre posibles motivaciones políticas detrás del caso.
La priista fue detenida el domingo por presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones tras una denuncia realizada por el senador morenista, Waldo Fernández. Y el lunes, un juez federal le dictó prisión preventiva oficiosa, por lo que permanece internada en el Centro de Reinserción Social Femenil de Nuevo León.