Elimina Congreso de NL prohibición de tatuajes para policías estatales

La única restricción aplicará cuando los tatuajes contengan símbolos relacionados con discursos de odio.

Elementos de Fuerza Civil.
Elementos de Fuerza Civil.Créditos: Especial.
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Monterrey.- El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Seguridad Pública de Nuevo León para eliminar prácticas consideradas discriminatorias en el ingreso a corporaciones como Fuerza Civil y la Fuerza Penitenciaria.

Con 38 votos a favor, el Pleno avaló modificaciones que impiden negar el acceso, permanencia o promoción dentro de la carrera policial únicamente por portar tatuajes o perforaciones, además de eliminar requisitos de estatura para quienes aspiren a integrarse a estas instituciones.

El dictamen fue presentado ante el Pleno por la diputada priista Bertha Garza, en representación de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública.

La iniciativa fue impulsada originalmente por la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes y posteriormente modificada por la legisladora local emecista, Sandra Pámanes, con el objetivo de armonizar la legislación estatal con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con el libre desarrollo de la personalidad y la no discriminación.

Las reformas contemplan la adición del artículo 29 Bis a la Ley de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil y la modificación de la fracción V del artículo 198 Bis 5 de la Ley de Seguridad Pública del Estado.

De acuerdo con el dictamen aprobado, los tatuajes son considerados una forma de comunicación e individualidad protegida por la Constitución, por lo que prohibirlos como requisito de ingreso vulnera derechos fundamentales.

La única restricción aplicará cuando los tatuajes contengan símbolos relacionados con discursos de odio.

Asimismo, se establece que el acceso al empleo no puede condicionarse por la apariencia física, siempre y cuando esta no interfiera con el desempeño de las funciones laborales.

Una vez publicado el decreto en el Periódico Oficial del Estado, el Ejecutivo estatal y los 51 municipios de Nuevo León contarán con un plazo de 60 días para adecuar sus reglamentos internos a estas nuevas disposiciones.

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