Monterrey.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) inició una investigación tras detectarse niveles elevados de plomo en la sangre de 83 menores y trabajadoras de Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).
Lo anterior se da luego de la difusión de reportes médicos que confirman la presencia de este metal en el organismo de alumnos y personal, por lo que el organismo activó mecanismos de seguimiento y documentación del caso.
De acuerdo con la información disponible, la indagatoria busca esclarecer las condiciones en las que se registró la exposición, así como determinar el origen de la posible contaminación.
El proceso también contempla la revisión de las medidas de control sanitario en los centros involucrados y la actuación de las autoridades responsables en la supervisión de estos espacios.
La presidenta de la CEDHNL, Susana Méndez Arellano, subrayó que la protección de los derechos de la infancia es innegociable, especialmente cuando se trata de su desarrollo físico y cognitivo.
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“Con relación a la información que se ha dado a conocer por diversos medios de comunicación relacionada con resultados de plomo en la sangre de niñas y niños, la Comisión Estatal ya aperturó un expediente de oficio y se están solicitando los informes a las autoridades correspondientes”.
Este panorama no es inédito para la institución, ya que en febrero de 2025 se remitieron expedientes similares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Debido a que las presuntas irregularidades involucraban a instancias de carácter federal, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la competencia legal recayó en el órgano nacional, el cual aún mantiene procesos abiertos para evaluar el impacto de las zonas industriales colindantes a los planteles educativos.
Méndez Arellano insistió en que el entorno escolar debe ser un espacio seguro, libre de amenazas externas que comprometan el futuro de los estudiantes.
“Es de señalar que en el 2025 se aperturó una queja de oficio que, por tratarse de autoridades federales, envió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y está pendiente de resolución.
Con la apertura de este nuevo expediente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León busca presionar para que se realicen estudios técnicos exhaustivos en el aire y suelo de los sectores afectados.