Monterrey. – El diputado local Jesús Elizondo presentó este miércoles una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Nuevo León con el fin de tipificar de manera específica el delito de abandono de personas adultas mayores.
La propuesta busca fortalecer el marco jurídico actual mediante la incorporación del artículo 355 Bis, estableciendo sanciones que podrían alcanzar hasta los ocho años de prisión.
Durante la exposición de motivos, el legislador señaló que, aunque la legislación vigente ya contempla el delito de abandono de personas en términos generales, no existe actualmente una especificación técnica ni agravantes cuando la víctima pertenece al grupo de la tercera edad.
El planteamiento busca corregir este vacío legal mediante un tipo penal especializado que atienda las condiciones de vulnerabilidad de este sector de la población.
Alcances de la reforma y agravantes
La iniciativa de Elizondo contempla un esquema de sanciones progresivas que se aplicarán en función del daño causado a la integridad física o emocional de la persona abandonada. El documento detalla que se incluirán agravantes en los siguientes supuestos:
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- Cuando exista una relación de parentesco directa entre el agresor y la víctima.
- En casos donde exista una dependencia económica o funcional establecida.
- Cuando se demuestre que el abandono tuvo como propósito la obtención de un beneficio patrimonial o la apropiación de bienes del adulto mayor.
El legislador precisó que la reforma no solo castiga la acción directa de abandonar, sino que incorpora modalidades de omisión de cuidados, dirigidas a quienes tienen la obligación legal o moral de velar por el bienestar de estas personas.
Contexto social y justificación
Jesús Elizondo fundamentó la propuesta en el incremento de reportes sobre adultos mayores desprotegidos en la entidad.
Argumentó que el marco jurídico actual resulta insuficiente para prevenir conductas de negligencia que ponen en riesgo la vida de este sector.
Según el diputado, el objetivo es garantizar que ninguna persona de la tercera edad quede en situación de desamparo, institucionalizando la responsabilidad de los familiares y cuidadores.
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes del Congreso del Estado para su análisis y dictaminación.
De ser aprobada por el pleno, Nuevo León se sumaría a las entidades que cuentan con tipos penales específicos para proteger los derechos y la integridad de los adultos mayores, estableciendo un mecanismo de justicia que prioriza la atención a grupos vulnerables.