Monterrey.- Un juez federal concedió una suspensión provisional a José Lobatón, propietario de la desarrolladora Proyectos 9, dentro del juicio de amparo que promovió para frenar cualquier orden de aprehensión o medida que limite su libertad.
La medida cautelar tiene efectos provisionales mientras se determina si se concede una suspensión definitiva en el proceso. El recurso legal fue presentado para impugnar posibles actos como una orden de arresto, comparecencia o cualquier disposición que implique su presentación ante la autoridad.
Con la suspensión provisional se detiene de manera momentánea la ejecución de estas acciones, bajo las condiciones que establezca el juzgado.
De acuerdo con lo establecido, se fijó una audiencia incidental para este miércoles, en la que se definirá si se mantiene la protección de forma definitiva.
Posteriormente, el 22 de mayo está programada la audiencia constitucional, donde se resolverá el fondo del amparo. El caso se desarrolla en paralelo a diversas investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado, que mantiene abiertas carpetas por presunto fraude relacionado con proyectos inmobiliarios vinculados a Proyectos 9.
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Según información oficial, hasta el momento se han acumulado 79 denuncias en contra de Lobatón y otros integrantes del consorcio, entre ellos directivos y personal de ventas.
Los señalamientos provienen principalmente de inversionistas y desarrolladores particulares. El monto del presunto fraude ha sido estimado en poco más de 400 millones de pesos, derivado de inversiones realizadas en proyectos habitacionales que, de acuerdo con las denuncias, no fueron entregados en los plazos establecidos o no se concretaron.
La Fiscalía ha informado que existen audiencias de imputación programadas en los próximos meses como parte del proceso penal. En mayo se contemplan varias comparecencias, mientras que en junio están previstas otras más, por lo que el caso continuará avanzando en distintas etapas judiciales.
Los denunciantes han señalado que realizaron aportaciones económicas para desarrollos inmobiliarios que fueron promocionados como proyectos de alto nivel, sin que hasta ahora se haya concretado la entrega de las propiedades.
Por ahora, la situación jurídica se mantiene sujeta a lo que se determine en las próximas audiencias, mientras continúan las investigaciones.