Monterrey. – En un fallo trascendental para la vida democrática de la entidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por unanimidad que el Congreso de Nuevo León ha incurrido en una omisión constitucional. La sentencia obliga al Poder Legislativo local a armonizar su marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la información pública, tras haber ignorado los plazos legales que vencieron en junio de 2025.
El máximo tribunal del país señaló que la legislación estatal se encuentra rezagada frente a la reforma federal de diciembre de 2024 y la Ley General emitida en marzo de 2025. Ante esta parálisis, la Corte ha dictaminado que los diputados locales deben legislar, sin más prórrogas, a más tardar en el próximo periodo ordinario de sesiones.
En este escenario de presión judicial, la organización ciudadana RegioPoder alzó la voz para exigir que no se ignore la propuesta que ellos mismos pusieron sobre la mesa desde el 15 de diciembre de 2025. Juan Carlos Pérez Góngora, representante de la organización, subrayó que el fallo de la Corte no hace más que confirmar una crisis de opacidad que ya había sido advertida por la sociedad civil.
"Nuevo León se quedó sin reglas claras en transparencia por falta de voluntad política. Nuestra iniciativa no solo atiende esa omisión, sino que propone un modelo más robusto y alineado a estándares internacionales", afirmó Pérez Góngora.
La propuesta de RegioPoder destaca por ser un proyecto ciudadano que busca arrancar el control de la transparencia de las manos de la clase política. El elemento central de su iniciativa es la creación de un Consejo de Transparencia plural, integrado por académicos y miembros de organismos civiles, reduciendo la presencia gubernamental a un solo representante por cada uno de los tres poderes del Estado.
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El objetivo, según la organización, es dotar a este órgano de una verdadera legitimidad social y capacidad de sanción, evitando que la rendición de cuentas dependa del gobierno en turno.
Actualmente, la falta de una ley homologada mantiene al estado en una situación de incertidumbre jurídica, debilitando los mecanismos con los que el ciudadano puede auditar el gasto público. Mientras el debate en el Congreso permanece estancado por falta de acuerdos políticos, RegioPoder insiste en que Nuevo León enfrenta una oportunidad histórica para dejar de ser un estado opaco y convertirse en un referente nacional de apertura y combate efectivo a la corrupción.
La pelota está ahora en la cancha del Congreso, que ya no cuenta con margen de maniobra legal para seguir postergando esta obligación.