Monterrey. - La Comisión de Presupuesto del Congreso local aprobó una reforma a la Ley de Hacienda del Estado para establecer que los organismos públicos y dependencias que, por ley, estén exentos del pago de impuestos federales o estatales tampoco deban cubrir contribuciones contempladas en la legislación estatal, como el llamado “impuesto verde”.
La propuesta, impulsada por la bancada del PAN y el diputado priista Javier Caballero, contempla adicionar un tercer párrafo a los artículos 125, 131 y 137 de la Ley de Hacienda del Estado.
El dictamen fue aprobado este lunes por mayoría con ocho votos a favor de PAN, PRI y Morena, mientras que Movimiento Ciudadano emitió el único voto en contra.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza, aseguró que la reforma busca impedir que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey continúe pagando un impuesto que, afirmó, nunca debió cubrir y que durante la actual administración ha significado una erogación superior a los 4 mil millones de pesos.
“Hoy sabemos que la fuga más grande que tiene Agua y Drenaje ni siquiera es de agua, es de dinero. Han saqueado Agua y Drenaje y este mecanismo del impuesto verde vino a ser una forma de sacar recursos del organismo”, mencionó.
De la Garza indicó que esos recursos deberían permanecer en la paraestatal para atender fugas, drenajes colapsados, obras inconclusas y otras deficiencias en el servicio.
Y aunque la reforma podría ser aprobada en el Pleno con mayoría simple, la diputada reconoció que existe la posibilidad de que el gobernador Samuel García la vete.
Fue el pasado 3 de marzo cuando los legisladores presentaron la iniciativa. En ese momento, Caballero, quien funge como representante del Congreso ante el Consejo de Administración de Agua y Drenaje, explicó que solamente en 2025 la paraestatal ha destinado mil 300 millones de pesos al pago de este gravamen.
"Acabamos de presentar una iniciativa que reforma a la Ley de Hacienda al ver que se vuelve a pagar este impuesto verde en el 2025 por parte de Agua y Drenaje, para que los organismos paraestatales, que su ley así lo marca, no deben de pagar estos impuestos verdes, que este año representaron otros 1 mil 300 millones de pesos en la erogación de esta paraestatal y que es la respuesta del por qué están viviendo esta crisis financiera", señaló.
PRESUPUESTO DETENIDO, PERO NO DESCARTADO
En paralelo, Lorena de la Garza informó que para avanzar con esta reforma se decidió separar el tema del Presupuesto estatal, el cual continúa detenido por la falta de consensos entre las distintas bancadas. No obstante, aclaró que el tema presupuestal no está descartado definitivamente.
“Hasta este momento no hay acuerdo para someter los dictámenes a votación y tampoco he recibido solicitudes de modificación. No queda sepultado (el presupuesto). Sigue esa sesión convocada. Los trabajos siguen en permanente. El otro asunto lo separamos, lo sacamos para verlo en lo individual y ese ya se clausuró”, indicó.
El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Mario Soto, aseguró que aún existen posibilidades de alcanzar un acuerdo para aprobar el Presupuesto estatal, pese a que el periodo ordinario está por concluir y el Congreso se declarará en sesión permanente.
“Sí queda uno o dos días, seguir dialogando en este sentido para buscar tener un presupuesto. Nosotros hemos ido muy firmes con los cinco puntos que hemos propuesto y de ahí no nos vamos a mover, pero es un Congreso donde somos nueve de Morena y hay otras fuerzas también representadas. Tiene que haber voluntad de todas las partes”, expresó.
Por su parte, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, señaló que aún existe disposición para alcanzar acuerdos mediante el diálogo y confió en que pueda construirse un consenso respecto al presupuesto.
“Deseamos que se dé de esta manera. Se supone que la comisión está en permanente. Ojalá hubiera la oportunidad de poder llegar a un consenso con el tema del presupuesto”, declaró.
No obstante, la legisladora también criticó el desarrollo reciente de los trabajos legislativos y acusó irregularidades en los procedimientos administrativos realizados dentro del Congreso.
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