Monterrey.- Tras reclamos del sector privado por presuntos actos de acoso, extorsión y trabas burocráticas durante inspecciones oficiales, el Gobierno de Nuevo León y organismos empresariales pactaron frenar clausuras inmediatas a negocios y abrir un periodo de hasta un año para regularizar permisos, licencias y trámites administrativos.
La medida quedó formalizada este miércoles con la firma del acuerdo estatal “Nuevo León Cumple, Cero Clausuras”, publicado ese mismo día en el Periódico Oficial del Estado, donde se establece que ante faltas administrativas no graves las autoridades deberán privilegiar orientación, medidas correctivas y plazos razonables antes de ordenar un cierre.
El convenio fue firmado en Palacio de Gobierno por representantes de CANACO Monterrey, CAINTRA Nuevo León, Coparmex Nuevo León, CMIC Nuevo León y CANADEVI Nuevo León, además de diversos alcaldes de Nuevo León, integrantes del gabinete estatal y el gobernador Samuel García.
La estrategia surge luego de que cámaras empresariales denunciaran públicamente presuntas presiones indebidas durante revisiones realizadas por distintas dependencias estatales y municipales, situación que, señalaron, afectaba principalmente a pequeñas y medianas empresas.
El presidente de CANACO Monterrey, Jaime Herrera Casso, afirmó que el objetivo no es evadir obligaciones legales, sino corregir excesos y dar certeza a los negocios.
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“No puede uno cantar victoria, pero creo que vamos en el camino. Por lo pronto, estamos pudiendo, como cámaras, arropar a la gente que muchas veces no presenta una denuncia por miedo a un acto de autoridad todavía más fuerte; eso es comprensible y nosotros lo entendemos”.
La secretaria de Economía, Betsabé Rocha, explicó que el programa permitirá regularizarse a negocios de bajo impacto durante un plazo de hasta un año sin enfrentar clausuras automáticas mientras subsanan observaciones.
Por su parte, Samuel García reconoció rezagos y posibles abusos dentro del aparato estatal.
“No puedo tratar mejor al extranjero que a los de Nuevo León; esa misma expeditez se tiene que hacer aquí en el estado, sobre todo a las pymes. Nos dimos cuenta de que al empresario neolonés no solo se le estorbaba, sino que a veces se le molestaba con actos de corrupción, con amenazas y, en el mejor de los casos, por el tiempo que tarda un trámite”.
El documento oficial precisa que el beneficio no aplicará en casos que impliquen riesgos a la vida, daños ambientales, reincidencia, delitos o denuncias ciudadanas fundadas, y contempla sanciones para servidores públicos que incurran en malas prácticas durante inspecciones o procesos administrativos.
En paralelo, CAINTRA insistió en acelerar la aprobación de la Ley de Procedimiento Administrativo para homologar inspecciones y reducir discrecionalidad en revisiones que actualmente involucran a más de 20 dependencias estatales y municipales.