Monterrey.- Un grupo de afectados por el presunto fraude de la inmobiliaria CREARE se manifestó en las inmediaciones del Palacio de Gobierno para exigir que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones del caso.
La protesta inició alrededor de las 11:00 horas de este sábado y reunió a poco más de 80 personas, quienes denunciaron presuntas irregularidades, retrasos constantes en las audiencias y omisiones por parte de autoridades estatales encargadas de la procuración e impartición de justicia.
Los afectados señalaron que existen alrededor de mil 200 víctimas vinculadas al caso y estimaron que el daño patrimonial asciende a más de 3 mil millones de pesos.
Durante la movilización, las víctimas también exigieron la destitución del fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Laura Perla Córdova, al acusar una presunta falta de actuación dentro del proceso legal contra César Alejandro “N”, propietario de CREARE y actualmente vinculado a proceso por fraude.
Raymundo Ramírez Pompa, asesor jurídico de las víctimas, informó que buscarán llevar el caso al ámbito federal mediante denuncias y solicitudes presentadas ante el Congreso de la Unión y la Fiscalía General de la República.
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“Se va a hacer la solicitud ante el Congreso de la Unión por parte de las víctimas de Crea Desarrollos, que son más de mil afectados, para que se inicie un procedimiento de juicio político en contra de Javier Flores Saldívar y Laura Perla Córdova Rodríguez. El artículo 110 de la Constitución Federal establece esa posibilidad. Presentaremos las pruebas de comportamientos irregulares en donde se ha denegado la justicia y existe un interés directo. Por la trascendencia del caso y la cantidad de víctimas, una vez que el Congreso declare que procede el juicio político, el Senado de la República se constituirá como jurado”, declaró.
El abogado agregó que también interpondrán una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República contra ambos funcionarios, a quienes señaló por presuntas omisiones y acciones que habrían favorecido el retraso de las investigaciones.
“Se va a presentar una denuncia, la cual va directamente de los más de mil afectados, ante la Fiscalía General de la República en contra del fiscal Javier Flores Saldívar y también de Laura Perla Córdova, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, por las omisiones y acciones que han realizado de manera maliciosa y dolosa. No tienen alegatos en contrario porque ya están las circunstancias y los delitos que estamos denunciando ya se cometieron. Esperamos que la Fiscalía General de la República actúe porque tenemos pruebas de esos comportamientos que constituyen un delito”, expresó.
Los manifestantes aseguraron que una de las principales inconformidades es que las audiencias relacionadas con el caso han sido aplazadas en repetidas ocasiones dentro del sistema judicial estatal, situación que, afirman, ha impedido avances importantes en el proceso contra el empresario.
Durante la protesta, Ramírez Pompa también acusó al alcalde de Santiago, David de la Peña, de presuntamente haber sido omiso pese a tener conocimiento previo de la situación relacionada con la inmobiliaria, por lo que adelantó que analizan presentar una denuncia en su contra.
“El alcalde David de la Peña tiene una responsabilidad directa porque se juntó con las víctimas desde hace años, tenía conocimiento de la situación y ha sido completamente omiso. Hay una responsabilidad directa del Estado desde el municipio, el estado y la federación en haber permitido que esto siguiera creciendo. David de la Peña tiene una participación directa y tenemos pruebas de que tenía una relación directa con César Alejandro "N" de CREARE. Estamos valorando presentar también una denuncia en su contra”, afirmó.
Por su parte, el diputado federal del Partido del Trabajo, Santiago González, afirmó que buscarán impulsar el tema en el Congreso de la Unión para dar seguimiento a las solicitudes de juicio político promovidas por las víctimas.
Los afectados mencionaron además que el pasado 15 de mayo sostuvieron una reunión con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, a quien expusieron la falta de resolución en el proceso legal contra César Alejandro “N”, quien permanece en prisión preventiva acusado de fraude.
Las víctimas aseguraron que continuarán realizando movilizaciones y acciones legales hasta lograr que el caso sea atraído por autoridades federales y existan avances concretos en las investigaciones.