Monterrey.- Las víctimas relacionadas con el presunto fraude de la financiera e inmobiliaria Tamayo Capital podrían tener garantizada la reparación del daño, luego de que la asesoría jurídica promoviera un inmueble como garantía para responder por el quebranto patrimonial denunciado.
Así lo informó el fiscal general del Estado, Javier Flores, quien detalló que la propiedad se encuentra en el municipio de San Pedro y tendría un valor superior a los 200 millones de pesos, mientras que el monto del presunto fraude asciende a aproximadamente 180 millones de pesos.
“La asesoría jurídica el día de hoy está solicitando o promoviendo una propiedad en garantía para cubrir los créditos de los afectados. Eso da una garantía para nosotros de que se va a hacer una eficiente reparación del daño. No solo en las causas penales que se le están siguiendo en forma judicial, sino también de las carpetas de investigación”, indicó.
El fiscal destacó que actualmente existen cerca de 80 denuncias relacionadas con Alejandro “N”, propietario de Tamayo Capital.
Asimismo, Flores confirmó que el acusado obtuvo su libertad luego de conseguir una suspensión otorgada por un juez federal en Tabasco contra una segunda orden de aprehensión girada en Nuevo León, situación que calificó como “irregular”.
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“Alejandro salió antier en la noche con ese amparo en Tabasco, obviamente consideramos irregular la conducta del juez de distrito de Tabasco, por lo que, probablemente se presente una queja ante la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial Federal.
“Porque es de otra entidad (el juez). Creo que (Alejandro) promovió un amparo contra una orden de allá y otra de aquí y consideramos que (el juez) debió de haber declarado una incompetencia”, dijo.
Fue el pasado 21 de mayo cuando el propietario de la financiera e inmobiliaria, junto con otras dos personas implicadas en el caso, fueron vinculados a proceso por las autoridades judiciales.
Sin embargo, el 27 de mayo se dio a conocer que el empresario obtendría su libertad tras conseguir un amparo con el que logró revertir la medida cautelar de prisión preventiva.
Durante una audiencia, un juez determinó modificar las medidas cautelares impuestas en su contra y estableció únicamente la obligación de acudir de manera periódica a firmar ante la autoridad correspondiente.