Monterrey.- Aunque ha sido perfilada como una de las posibles candidatas de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Santa Catarina para 2027, la diputada local, Marisol González, aseguró estar dispuesta a contender por cualquier cargo que le encomiende su partido.
La legisladora señaló que ha mantenido comunicación con la dirigencia estatal y otras autoridades partidistas de cara al próximo proceso electoral, por lo que dijo estar lista para asumir el reto que se le presente.
“Yo estoy puesta para lo que se venga”, expresó.
“Lo importante para mí pues es servir a Santa Catarina y lo he demostrado desde el primer día que tomé protesta como diputada”, agregó.
La diputada destacó que actualmente mantiene una agenda enfocada en lo legislativo y la gestión de apoyos ante instancias gubernamentales para las necesidades de la población.
Asimismo, consideró que su desempeño será el principal factor que valorará la gente cuando llegue el momento de definir candidaturas rumbo a la elección de 2027.
González también resaltó que ha mantenido el compromiso político que desde que obtuvo la diputación.
Propone regular servicios legales gratuitos en NL
Para combatir las asesorías jurídicas deficientes, González propuso regular los servicios legales gratuitos en Nuevo León.
La iniciativa presentada en el Congreso de Nuevo León contempla reformas a la Ley de la Defensoría Pública y a la Ley de Profesiones del Estado con el objetivo de que quienes brinden asesoría gratuita cumplan estándares de responsabilidad, ética y calidad similares a los de un servicio de paga.
“Para mí es muy importante que esto esté regulado en la ley, que haya un padrón que el Instituto de la Defensoría Pública emita los lineamientos, los criterios, para que cualquier persona prestadora de asesorías jurídicas gratuitas tenga que inscribirse en este padrón.
"Hay muchos abogados charlatanes por todos lados que lo que terminan haciendo es dañar a la gente, que no tienen los mismos criterios al momento de cuando alguien contrata un abogado con una asesoría que le pida cuando es gratuita”, dijo.
Entre las medidas planteadas se encuentra la creación de un Padrón Estatal de Prestadores de Asesoría Jurídica Gratuita, administrado por la Defensoría Pública, así como la obligación de acreditar la cédula profesional y entregar constancias de atención a los usuarios.
La iniciativa también reconoce expresamente la responsabilidad profesional de quienes otorguen estos servicios, aun cuando no reciban una remuneración económica por ello.
Además, contempla mecanismos para que las personas afectadas por una mala asesoría puedan presentar quejas, y en su caso se determinen responsabilidades civiles, administrativas o penales.
“Cuando una persona busca ayuda gratuita normalmente lo hace en una situación complicada y deposita toda su confianza en quien la asesora. Por eso no puede existir un estándar menor solo porque el servicio no tenga costo”, expuso.