Monterrey. - El municipio de Monterrey canceló de manera definitiva el contrato que mantenía con el consorcio integrado por las empresas Next Energy de México, Constructora Maiz Mier y Eólica Santa Catarina, luego de documentar diversos incumplimientos y retrasos en la ejecución del proyecto energético que había sido contratado desde 2020.
El alcalde Adrián de la Garza informó que la terminación del acuerdo dejará un saldo favorable superior a los 400 millones de pesos para las finanzas municipales, además de evitar pagos millonarios que se habían comprometido en una modificación contractual realizada durante la pasada administración.
“Se canceló y con beneficio para la ciudad de Monterrey. Al inicio de la administración dije muy claro: primero, o regresaban las condiciones iniciales del contrato, donde era un contrato de consumo de energía con todas las ventajas para el municipio de Monterrey, pero luego lo cambiaron totalmente en condiciones desventajosas para el municipio y hoy concluimos con la cancelación del contrato”, mencionó De la Garza.
El munícipe explicó que el monto favorable podría incluso incrementarse una vez que concluyan todos los procedimientos legales pendientes.
“El saldo a favor pudiera tener algunos números más altos; depende de cuándo terminen todas las instancias legales correspondientes. Lo que puedo decir es que son más de 400 millones de pesos los que podrían quedar a favor del municipio de Monterrey, porque el contrato original estipulaba sanciones para el consorcio en caso de incumplir, lo cual fue el caso”, aseveró.
De la Garza dijo que la decisión fue resultado de auditorías, procedimientos administrativos y acciones legales emprendidas por el actual gobierno municipal tras detectar irregularidades en el proyecto, cuyo objetivo original era suministrar energía limpia a edificios públicos y al sistema de alumbrado de Monterrey.
El contrato fue adjudicado en marzo de 2020 mediante una licitación pública nacional, la cual inicialmente contemplaba la construcción de una central de generación eléctrica que permitiría reducir gradualmente los costos de energía para el municipio; sin embargo, la obra nunca fue concluida.
En 2024, el convenio fue modificado para sustituir el proyecto original por la instalación de más de mil microplantas solares en inmuebles municipales, además de incorporar compromisos financieros que obligaban al Ayuntamiento a realizar pagos por más de 3 mil 150 millones de pesos a lo largo de la vigencia del contrato.
De acuerdo con la administración municipal, al asumir el gobierno se detectó que no existían avances significativos en la ejecución del proyecto, por lo que se ordenó una auditoría y se iniciaron diversas acciones legales.
Respecto a las investigaciones abiertas, el alcalde indicó que la cancelación del contrato no pone fin a los procedimientos legales en marcha y señaló que continúan procesos administrativos, civiles y denuncias presentadas ante las autoridades correspondientes para determinar si existieron responsabilidades por parte de servidores públicos o particulares involucrados en la modificación y ejecución del convenio.
“Hay un proceso administrativo en curso que está llevando el área correspondiente. Ya está sancionado e incluso los involucrados han firmado de conformidad: el municipio, el consorcio y los bancos involucrados.
“Después de esta cancelación hay denuncias presentadas, acciones civiles y otras que seguirán su curso. El municipio presentó denuncias ante la Fiscalía estatal en contra de quien resulte responsable y será la autoridad investigadora la que determine si existe alguna responsabilidad y, en su caso, contra quién”, concluyó.
La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local aseguró que más que un bien para los ciudadanos de Monterrey, Adrián de la Garza terminó el contrato con Next Energy para tener "menos puntos en contra" en las elecciones de 2027.
Tras las polémicas que tuvo la empresa y los incumplimientos del suministro de energía acordado, Sandra Pámanes, coordinadora de la bancada emecista indicó que se nota la inclinación política en el acto del alcalde.
"Por su puesto (que tiene fines electorales), primero empezó con la destitución de la Contralora municipal, Jovita Morín, hace un mes, con la intención también de erradicar estas huellas que deja la empresa.
"Ese fue su primer paso, y ahora, este segundo paso, pero yo creo que aquí habría que analizar exactamente si esto le puede funcionar para sus aspiraciones políticas, porque el daño al patrimonio del municipio ya está hecho y eso no se puede borrar simplemente con rescindir este contrato", señaló la legisladora.
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