Monterrey.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aclaró que no hubo cambio de defensa en el caso de presunto fraude de Proyectos 9, sino la suma de un nuevo representante legal durante una audiencia celebrada el martes.
Lo anterior lo mencionó el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozcó, quien, explicó que, las personas que habitualmente han comparecido como defensores continúan en el caso y que el diferimiento de la audiencia obedeció a una solicitud para contar con tiempo suficiente para analizar la carpeta de investigación.
“Sabemos que trascendió información de que había habido cambio de abogados, no ha habido cambio, al menos que sea el conocimiento de la fiscalía o del poder judicial de las personas que habitualmente han estado compareciendo como defensores.
“Se incorporó un nuevo defensor en una audiencia que se celebró el martes, pero no significó el cambio de los defensores previamente designados. El motivo de diferimiento de ayer esencialmente estribó en eh alegar tiempo para estudiar la carpeta de investigación”, dijo.
El funcionario indicó que la audiencia fue reprogramada para el próximo 29 de junio y subrayó que el derecho a una adecuada defensa debe ser respetado por las autoridades.
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Por su parte, el fiscal, Javier Flores, descartó que, la incorporación del nuevo abogado en el caso represente una estrategia para retrasar las investigaciones.
“No tenía objeto, digo, no tendría caso el que fuera una medida dilatoria del proceso, pues toda vez que, ya existen varias carpetas donde se encuentra restringido de su libertad personal”, señaló.
Respecto a una posible reparación del daño para las víctimas, Orozco detalló que la defensa del investigado ha sostenido acercamientos con representantes de las víctimas para explorar mecanismos de solución, aunque hasta el momento no se ha presentado una propuesta concreta.
“Existen esos proyectos, existe el acercamiento y existe algunos proyectos de solución a las víctimas, pero no se ha ofrecido algo tangible que pueda ser ofertado”, afirmó.
Hasta este martes, la Fiscalía contabilizaba 354 denuncias relacionadas con el caso, con reclamaciones que superan los 860 millones de pesos y 3.7 millones de dólares, una cifra que ronda los mil millones de pesos en afectaciones denunciadas.