Monterrey. - Organismos empresariales y de la sociedad civil de Nuevo León se pronunciaron en contra de la iniciativa que busca ampliar de 30 a 180 días el periodo en que el gobernador podría separarse de su cargo mediante un simple aviso al Congreso, sin necesidad de solicitar licencia.
A través de un posicionamiento conjunto, Caintra, Canaco Monterrey, Canadevi, Caprobi, Coparmex Nuevo León, Consejo Cívico e Index Nuevo León advirtieron que una ausencia de seis meses resulta excesiva e innecesaria.
“Consideramos que una separación de hasta seis meses resulta excesiva e innecesaria, particularmente cuando la legislación vigente ya contempla mecanismos institucionales para atender separaciones prolongadas del cargo mediante la intervención del Poder Legislativo”, señalaron.
Las organizaciones afirmaron que están a favor de fortalecer la capacidad de gestión del Estado y de impulsar la atracción de inversiones, pero consideraron que estos objetivos no deben comprometer la gobernabilidad ni el equilibrio entre poderes.
También cuestionaron que la propuesta no esté respaldada por estudios técnicos que justifiquen la necesidad de modificar el plazo actualmente establecido en la Constitución estatal.
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“Nos preocupa que estas modificaciones, al no estar fundamentadas en evidencia técnica y referencias nacionales o internacionales, respondan a intereses partidistas rumbo al proceso electoral 2026-2027 en nuestro estado”, indicaron.
Los organismos empresariales señalaron que permitir que una persona no electa ejerza las funciones del Ejecutivo durante un periodo prolongado podría generar incertidumbre institucional.
Sostuvieron que Nuevo León se ha consolidado como uno de los principales polos de inversión del país bajo las reglas actuales, por lo que consideraron innecesario modificar el marco legal para ampliar el tiempo de ausencia del mandatario estatal.
En el documento también hicieron referencia a la reforma electoral que se analiza en el Congreso local y señalaron que cualquier modificación a las reglas democráticas debe realizarse mediante un análisis técnico, abierto y transparente.
“Una reforma electoral exige un análisis técnico riguroso, debate público abierto y la participación de especialistas independientes; no puede ni debe realizarse de manera acelerada”, expresaron.
Los representantes del sector privado alertaron que decisiones tomadas con premura pueden afectar la confianza ciudadana y la certeza jurídica en los procesos electorales de la entidad.
Finalmente, hicieron un llamado a los 42 diputados del Congreso del Estado para rechazar la iniciativa y privilegiar la estabilidad institucional de Nuevo León.
“Nuevo León requiere un gobierno eficaz, cercano y de tiempo completo, así como instituciones sólidas, predecibles y sujetas a mecanismos claros de supervisión democrática. Por ello, hacemos un llamado a los 42 diputados de nuestro Congreso a que esta iniciativa no se aprueba”, concluyeron.