Monterrey.- José “N”, empresario de San Pedro actualmente detenido, fue vinculado a proceso por un presunto fraude inmobiliario por 57 millones de pesos en Playa del Carmen, Quintana Roo.
La resolución tuvo lugar el pasado fin de semana, explicó en rueda de prensa Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público, quien informó que le fue aplicada la medida cautelar de resguardo domiciliario.
De acuerdo con la investigación, la víctima fue invitada a invertir en un desarrollo de lujo en Tulum, propiedad de Pedro Babb, socio del hoy detenido.
Tras cinco años sin avances en la obra, se le ofreció como compensación la entrega de ocho departamentos en otro proyecto de José “N” en Playa del Carmen. Aunque firmó diversos contratos de compraventa, la construcción nunca se concretó, por lo que presentó una denuncia por fraude ante la Fiscalía de Nuevo León.
Orozco Suárez agregó que el presunto acumula otras 15 denuncias que reclaman un monto total de 3 millones 43 mil dólares. Por esto mismo, la fiscalía lo catalogó como posible delincuente prolífico.
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“A instrucción del fiscal general, se identificó a esta persona como probable delincuente prolífico al haberse identificado otras carpetas en donde también está señalado por fraude. Estas carpetas van a ser proyectos de integración y de judicialización”, comentó.
Se sabe que Pedro Babb se encuentra en libertad gracias a una suspensión de amparo, de acuerdo con la defensa de la víctima.
Exigen afectados celeridad judicial en proceso de Proyectos 9
Las víctimas del presunto fraude inmobiliario de Proyectos 9 regresaron este miércoles a los Juzgados Federales de Monterrey para exigir que se resuelvan los amparos promovidos por algunos de los implicados en el caso.
Los manifestantes pidieron a los jueces federales Jorge Melo Cardoso y Luis Enrique Rodríguez emitir una resolución sobre los recursos legales presentados por José “N”, propietario de la inmobiliaria, y Manuel “N”, ex representante de la empresa.
“Nos estamos manifestando porque necesitamos que los jueces se pronuncien ya sobre los amparos que tienen Lobatón y Manuel Enrique Cano de Anda. No es justo que Manuel Enrique Cano siga libre”, expresó Liliana Leal, una de las afectadas.
La protesta ocurre apenas unas semanas después de otra movilización realizada el 10 de junio en los mismos juzgados, ubicados en el cruce de las avenidas Constitución y Cuauhtémoc, donde cerca de 30 personas bloquearon la lateral de Constitución para exigir avances en las investigaciones.
Durante la manifestación, las víctimas denunciaron que el proceso judicial ha enfrentado retrasos constantes por el aplazamiento de audiencias y las acciones legales promovidas por las defensas de los imputados.
Leal señaló que recientemente una audiencia relacionada con su carpeta de investigación fue diferida nuevamente y aseguró que los abogados defensores incluso solicitaron que el asunto fuera dado de baja.
Además, criticó la actuación de la defensa de José “N”, al acusarla de realizar comentarios ofensivos durante audiencias virtuales y de intentar sensibilizar a la autoridad sobre la situación de su cliente.
Los afectados insistieron en que la resolución de los amparos pendientes es fundamental para evitar mayores retrasos en el proceso y garantizar que los señalados enfrenten la justicia.