Monterrey. - Ante la información difundida en distintos medios de comunicación respecto a presuntos adeudos o retrasos en la entrega de recursos públicos a diversos municipios de Nuevo León, RegioPoder hizo un llamado a que este debate se conduzca con responsabilidad institucional, privilegiando la transparencia, el respeto a la autonomía municipal y la construcción de acuerdos que fortalezcan la gobernabilidad del estado.
La organización señaló que no le corresponde validar o desmentir las cifras difundidas, pues esa responsabilidad recae en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, así como en las tesorerías municipales, quienes deben transparentar de manera clara y oportuna el estado que guardan dichos recursos. Sin embargo, consideró que la discusión trasciende una coyuntura política y abre una reflexión mucho más profunda sobre la relación entre los distintos órdenes de gobierno y las condiciones necesarias para garantizar una administración pública efi caz.
RegioPoder sostuvo que la gobernabilidad no depende únicamente de la capacidad de construir acuerdos políticos. También requiere instituciones que funcionen con reglas claras, procesos transparentes y pleno respeto a la autonomía que la Constitución reconoce a los municipios. La certeza presupuestal constituye una condición indispensable para que los gobiernos municipales puedan planear, ejecutar políticas públicas y responder oportunamente a las necesidades de la ciudadanía.
La organización recordó que los municipios representan el orden de gobierno más cercano a las personas y son responsables de servicios fundamentales como la seguridad preventiva, el mantenimiento urbano, la movilidad local, el alumbrado público, la recolección de residuos y una parte importante de la infraestructura que utilizan diariamente millones de nuevoleoneses. Por ello, cualquier incertidumbre relacionada con la disponibilidad de recursos públicos termina impactando directamente la calidad de vida de las familias.
RegioPoder consideró que, independientemente del origen de las diferencias que puedan existir entre autoridades estatales y municipales, el interés superior debe ser garantizar que los mecanismos de coordinación institucional funcionen con transparencia, legalidad y certeza. Una democracia sólida exige que las diferencias políticas nunca comprometan la capacidad operativa de los gobiernos locales ni afecten la continuidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.
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Asimismo, señaló que la confianza ciudadana se fortalece cuando las controversias entre instituciones encuentran solución mediante información pública verificable, diálogo y mecanismos claros de rendición de cuentas. La opacidad y la incertidumbre únicamente alimentan la polarización y debilitan la confianza en las instituciones.
Por ello, RegioPoder hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de transparencia relacionados con la distribución de recursos públicos, mediante la publicación de calendarios de ministración, la difusión permanente del estado financiero de los fondos destinados a los municipios y la implementación de mecanismos institucionales que permitan conciliar diferencias con información pública, verificable y accesible para toda la ciudadanía.
Arturo Ramírez González, vocero institucional y Coordinador General de RegioPoder, señaló que la discusión debe alejarse de la confrontación política y concentrarse en los principios que permiten construir un estado con instituciones fuertes.
"La gobernabilidad no se negocia; se construye. Y se construye respetando la autonomía presupuestal de los municipios. Ningún interés partidista, diferencia política o cálculo electoral puede estar por encima del derecho de la ciudadanía a recibir servicios públicos, obras e infraestructura. Los recursos públicos pertenecen a las y los ciudadanos, no a los gobiernos ni a los partidos políticos."
Añadió que la autonomía presupuestal no constituye un beneficio para las administraciones municipales, sino una condición necesaria para que puedan ejercer plenamente las responsabilidades que la Constitución les confiere.
"Cuando las instituciones cuentan con certeza financiera y reglas claras, quienes verdaderamente ganan son las y los ciudadanos. La fortaleza democrática de Nuevo León depende de que todos los órdenes de gobierno puedan ejercer sus atribuciones con responsabilidad, coordinación y pleno respeto institucional."
Por su parte, Andrea García Sierra, vocera institucional y Directora General de RegioPoder, afirmó que Nuevo León enfrenta retos que requieren coordinación permanente entre todas las autoridades, por encima de cualquier diferencia política.
"La ciudadanía espera gobiernos capaces de colaborar para resolver los problemas que más afectan su vida cotidiana. Seguridad, movilidad, infraestructura, desarrollo urbano y servicios públicos requieren instituciones coordinadas, transparentes y comprometidas con el interés público."
Agregó que la confianza ciudadana únicamente puede consolidarse cuando existe apertura institucional y disposición para transparentar la información.
"Las diferencias entre gobiernos son parte de cualquier democracia. Lo verdaderamente importante es que existan mecanismos claros para resolverlas con diálogo, transparencia y rendición de cuentas. La ciudadanía merece instituciones que privilegien la cooperación antes que la confrontación."
Finalmente, RegioPoder reiteró que el debate debe mantenerse alejado de intereses partidistas y concentrarse en fortalecer las instituciones que hacen posible una mejor gobernanza para Nuevo León.
La organización sostuvo que este momento representa una oportunidad para consolidar mecanismos permanentes de coordinación entre el Gobierno del Estado y los municipios, fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y garantizar que cualquier diferencia administrativa o fi nanciera pueda resolverse mediante información verificable y con pleno respeto al Estado de Derecho.
RegioPoder hizo un llamado a que las autoridades coloquen el interés de la ciudadanía por encima de cualquier diferencia política y trabajen de manera coordinada para fortalecer la confianza pública, la autonomía municipal y la gobernabilidad democrática de Nuevo León.
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