Monterrey.- Veintiocho legisladores federales ocupan hoy los espacios que a Nuevo León le corresponden en el Congreso de la Unión: 14 diputados electos en los distritos del estado, 11 asignados por representación proporcional según la votación de la circunscripción y 3 senadores.
Cuestan 4 millones 254 mil 655 pesos al mes solo en ingreso base, pagados con recursos públicos, los de una entidad que aporta al pacto fiscal más que casi cualquier otra y recibe de vuelta menos en proporción.
En lo que va de la Legislatura han faltado 590 veces, han presentado 633 iniciativas y han conseguido aprobar 7. Siete. Una de cada noventa que proponen.
Los datos se obtuvieron del Sistema de Información Legislativa (SIL) y de los sistemas de asistencia y votaciones de las propias cámaras, además de los manuales de remuneraciones.
Basta ponerlos uno junto al otro —lo que cobran y lo que producen— para que el contraste hable solo. El trabajo de un legislador federal cabe en cuatro verbos: asistir, votar, hablar y legislar.
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Asistir a las sesiones, votar los asuntos que definen leyes y presupuesto, subir a tribuna a fijar postura por su estado, y sacar adelante iniciativas que se conviertan en norma.
Por hacerlo reciben una dieta libre de impuestos, asesores pagados con dinero público y un paquete de prestaciones que un trabajador de a pie difícilmente vería en su vida laboral. En los cuatro verbos, la representación neolonesa se queda corta.
Faltar, algo común
Los 25 diputados sumaron 463 ausencias en lo que va de la LXVI Legislatura, un promedio de 18 y media por cabeza. De esas, 396 cayeron en días de votación: no estaban cuando había que decidir. El reglamento permite justificar una falta; lo que ningún permiso repone es el voto que Nuevo León dejó de emitir esos días.
En el Senado el patrón se agudiza. Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) faltó 69 veces, 50 de ellas en jornadas de votación: nadie en toda la representación neolonesa se ausentó tanto.
Waldo Fernández González acumuló 39 ausencias, 23 en días de votación, con las que entra también al grupo de los diez más faltistas en el indicador que más pesa. En conjunto, los tres senadores dejaron de votar 86 veces.
En San Lázaro encabeza José Narro Céspedes (Morena), con 43 faltas. Narro llegó como plurinominal por la segunda circunscripción —la que agrupa a Nuevo León con otros estados del norte—, y la Cámara lo acredita como representante de esta entidad: su curul, y sus faltas, cuentan aquí.
Detrás aparecen dos reelectos, Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN) con 42 y Marcela Guerra Castillo (PRI) con 41: el oficio de repetir en el cargo no se tradujo en presencia.
Hay un matiz de calendario que el lector debe conocer: Fernández y Blanca Judith Díaz Delgado, dos de los tres senadores de Nuevo León, acaban de separarse del cargo tras pedir licencia para competir en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura del estado.
Sus cifras, sin embargo, están completas: no hubo sesiones después de su salida, de modo que cada ausencia registrada corresponde íntegra al tramo en que ejercieron el escaño.
La licencia explica su futuro; no descuenta su pasado. Un apunte para leer bien la tabla: el registro de la Cámara no borra a quien pide licencia, lo conserva y añade a su suplente, de modo que cada número cubre un tramo distinto de la Legislatura.
Por eso tres nombres —Eduardo Gaona Domínguez (MC), Samantha Margarita Garza de la Garza (PAN) y Elisa Paola Zamora Ramírez (PAN)— entraron como suplentes y arrastran cifras cortas: Zamora, por ejemplo, apenas 2 faltas y ninguna iniciativa. El matiz no salva el promedio, lo subraya, porque la curul cuesta lo mismo la ocupe quien la ocupe, y son precisamente los que llevan más tiempo sentados quienes más faltan.
De los más faltistas, varios pertenecen a las bancadas de oposición. El detalle no es menor: en un Congreso donde Morena y sus aliados tienen la mayoría, el voto opositor es el único contrapeso con que cuentan quienes no comulgan con el oficialismo. Cada ausencia en una votación es, para ese electorado, una defensa que no llegó.
No los aprueban
Que una iniciativa muera en comisiones no es rareza: es la regla del Congreso mexicano, donde la mayoría de las propuestas individuales se archiva y avanzan sobre todo las que empuja el Ejecutivo o pactan las coordinaciones parlamentarias.
Ese contexto explica parte del cuadro, pero no lo absuelve. Primero, porque a la parálisis general la bancada neolonesa le suma un ausentismo que le impide siquiera defender lo que presenta.
Y segundo, porque el argumento de “la mayoría no nos deja” tampoco cuadra: los diputados neoloneses de Morena, PT y PVEM están del lado que sí dictamina, y tampoco aprueban. De los 28, veintidós no han conseguido convertir en ley una sola de sus propuestas.
El cero no es solo desidia: es una medida de peso político. Una iniciativa avanza cuando su autor tiene con qué negociar el dictamen, y estos legisladores no lo tienen ni cuando comparten bancada con la mayoría.
Los diputados presentaron 481 iniciativas y aprobaron 7; los tres senadores presentaron 152 y no aprobaron ninguna. Quien más papel acumula es Colosio Riojas, con 78 iniciativas detenidas en comisiones; lo siguen Waldo Fernández González, con 62, y Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN), con 32.
Entre los tres suman 172 propuestas congeladas. En la Cámara baja, Narro Céspedes registra 11 presentadas y cero aprobadas; Guerra Castillo y Pérez Díaz rescatan una cada uno, de 20 y 14 respectivamente.
Presentar una iniciativa cuesta una firma; sacarla adelante es el trabajo por el que se les paga, y ahí es donde la cuenta se desploma.
Una iniciativa que no se dictamina no cambia una coma de la ley. Vale también anotar el calendario: dos de los tres senadores ya dejaron el escaño para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Nuevo León, y otros nombres de la lista figuran en los movimientos rumbo a las elecciones de 2027. El lector podrá sacar sus propias conclusiones sobre dónde está puesta la atención.
Hablar, cosa de pocos
La tribuna es el tercer termómetro del oficio: ahí un legislador fija postura, defiende a su estado y deja constancia pública de para qué ocupa la curul.
Los 28 representantes de Nuevo León acumulan 536 posicionamientos en lo que va de la Legislatura, pero la palabra está repartida con la misma desigualdad que el resto del trabajo: diez concentran el 69.4 por ciento de las intervenciones y los otros dieciocho se reparten lo que queda. Ana Isabel González González (PRI) encabeza con 69, seguida de los senadores Colosio Riojas, con 59, y Fernández González, con 58.
No es casualidad que quienes más suben a tribuna sean también quienes más iniciativas presentan: hablar y proponer son dos caras del mismo oficio, aunque en esta Legislatura ninguna de las dos haya alcanzado para aprobar.
El problema está en el otro extremo. Adriana Belinda Quiroz Gallegos (Morena) subió a tribuna dos veces en toda la Legislatura; Héctor Alfonso de la Garza Villarreal y Carlos Alberto Guevara Garza, ambos del PVEM, tres cada uno. No son suplentes de reciente ingreso: han ocupado la curul el periodo completo. Hay distritos de Nuevo León que, en términos prácticos, llevan dos años sin voz en San Lázaro.
Para cobrar no faltan
Lo único que nunca falta a la cita es el pago. Cada diputado federal recibe una dieta neta de 79 mil 846 pesos mensuales, libre de impuestos, más 45 mil para asistencia legislativa, 28 mil para oficinas de atención ciudadana y mil 515 de despensa: 154 mil 361 pesos al mes de ingreso base, antes de prestaciones.
Al año se agregan 147 mil de aguinaldo, otros 67 mil 785 que la propia Cámara le entrega para pagar el impuesto de ese aguinaldo —el contribuyente le cubre hasta el ISR— y 38 mil 363 de gratificación. Todos traen un seguro de vida por 40 meses de sueldo bruto; los foráneos, viáticos y avión.
Los senadores cobran más y con menos rastro. Su dieta neta es de 131 mil 874 pesos mensuales, el aguinaldo de 175 mil 832, el seguro de vida de 40 meses de dieta, y a eso se suma un seguro de separación individualizado en el que, por cada peso que el senador aparta de su sueldo, el erario le pone otro igual, hasta el 10 por ciento de su ingreso.
Encima corren las asignaciones para trabajo legislativo que llegan por la vía de los grupos parlamentarios: dinero para oficinas, asesores y gestión en el estado del que no existe cifra pública por legislador. Cuánto cuesta realmente un senador, entonces, es una cuenta que ni el propio Senado pone sobre la mesa.
Sumando solo lo directo y verificable —dietas, apoyos fijos y prestaciones de fin de año, sin viáticos ni seguros—, la representación federal de Nuevo León se lleva más de 57.9 millones de pesos al año.
La cuenta final
Hagamos la cuenta completa. Desde septiembre de 2024, los 22 meses que lleva la Legislatura, el ingreso base y las prestaciones de fin de año de estos 28 legisladores suman al menos 107 millones de pesos, sin contar viáticos, seguros ni las asignaciones opacas del Senado.
Divididos entre las 7 iniciativas que sí se convirtieron en ley, cada una costó más de 15 millones de pesos. En el Senado, donde no aprobaron ninguna, la división no tiene divisor. Es, cuando menos, el costo administrativo de gobernar sin resultados: los contribuyentes pagaron puntuales el día uno de cada mes; el trabajo, a estas alturas, sigue pendiente de dictamen.