Monterrey.- La ministra Estela Ríos aseguró que su resolución no detiene el juicio político en contra de Samuel García y que el Congreso puede avanzar con el procedimiento, siempre y cuando no se llegue a una destitución o inhabilitación hasta que exista una sentencia definitiva.
Fue a través de sus redes sociales que la ministra indicó que estas disposiciones tienen el fin de preservar la materia del juicio constitucional y que en ningún momento paralizan el procedimiento que actualmente se desarrolla en el Congreso del Estado.
“Con relación al incidente de suspensión, derivado de la Controversia Constitucional 386/2026, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, se aclara que la suspensión concedida no paraliza el procedimiento de juicio político correspondiente.
“Por tanto, las autoridades competentes podrán continuar con la sustanciación y trámite del expediente respectivo. La medida cautelar otorgada solo tiene como finalidad preservar la materia del juicio constitucional, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza el fondo de la controversia”, escribió la ministra.
Fue el pasado lunes cuando Estela Ríos dictó una resolución provisional en la que estableció que no se puede separar del cargo ni inhabilitar al gobernador Samuel García hasta que exista una resolución definitiva sobre la controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo estatal contra el juicio político por presunta triangulación de recursos.
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La aclaración de la ministra surgió luego de que la resolución generara diversas interpretaciones entre actores políticos, quienes consideraron que el procedimiento legislativo había quedado completamente suspendido. Sin embargo, con este nuevo pronunciamiento se precisó que el Congreso de Nuevo León puede continuar con el análisis del expediente, integrar pruebas, elaborar el dictamen correspondiente y desahogar las etapas previstas por la ley.
Lo único que permanece suspendido, explicó la ministra, es la posibilidad de ejecutar una eventual sanción, como la destitución o la inhabilitación del mandatario estatal, mientras la Suprema Corte resuelve el fondo de la controversia constitucional.
En los próximos meses, la Suprema Corte deberá determinar si el juicio político promovido contra Samuel García puede continuar hasta sus últimas consecuencias o si existen elementos jurídicos para dejar sin efectos el procedimiento iniciado por el Congreso local.
Mientras tanto, el Poder Legislativo podrá seguir avanzando con el trámite del expediente, respetando los límites establecidos en la suspensión concedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.