Monterrey. - Diputados en el Congreso local aseguraron que le darán prioridad al tema de armonizar la ley local con la Ley Federal de Transparencia, lo que traería consigo la eliminación del INFONL.
Luego de que se publicara en el Diario de la Federación la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde obliga al Congreso a armonizar la ley, diputados indicaron que deberá quedar en este periodo antes de diciembre.
La diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes indicó que se tiene que cumplir con la sentencia y debe salir antes de que termine el primer periodo ordinario del tercer año legislativo.
“Tenemos que ser muy estrictos en lo que marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación que e sla eliminación del instituto de transparencia, vamos tarde
“Se tiene que hacer sí o sí en este periodo, ya vamos retrasados en algunas reformas federales que repercuten en Nuevo León y tiene que darse ya de manera expedita”, dijo la diputada Sandra Pámanes.
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En el mismo sentido, el diputado del PRI, Javier Caballero, indicó que debe de haber un análisis a fondo, pero cumplir con lo dictado por la Corte antes de que termine el periodo, el cual inicia el próximo 1 de septiembre.
“Sí, será una prioridad; siempre lo hemos tenido en el radar. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos en este tema y, como viene de la máxima autoridad, lo retomaremos en el próximo periodo.
“El Congreso no se ha caracterizado por desacatar, pero antes no había esta instrucción; solo no hubo mayoría en los votos y pues esperemos que salga en el próximo periodo”, agregó Javier Caballero.
El Poder Legislativo local deberá armonizar la Ley de Transparencia y aprobar la desaparición del Instituto Estatal de Transparencia (INFONL) antes de que concluya el próximo periodo ordinario de sesiones, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la omisión legislativa del Poder Legislativo estatal.
La resolución, publicada en el Diario Oficial de la Federación, ordena al Congreso adecuar su marco jurídico conforme a la reforma constitucional federal en materia de simplificación orgánica, la cual establece que las funciones de transparencia y protección de datos personales deberán pasar al Ejecutivo estatal, a través de la Contraloría.
La sentencia deriva de una controversia constitucional promovida por el Gobierno de Nuevo León contra el Congreso por no haber armonizado la legislación local.
Aunque PRI y PAN impulsaron una propuesta para crear una Agencia de Protección de Datos y evitar la desaparición del órgano autónomo, la iniciativa no prosperó por falta de acuerdos con Morena y Movimiento Ciudadano.
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